Un nuevo señalamiento por presunto abuso de autoridad y extorsión recae sobre elementos de la Guardia Civil Estatal. De acuerdo con el testimonio de las víctimas, cuatro ciudadanos que transitaban rumbo a una reunión social en la comunidad de Cerrito de Jaral fueron retenidos, amedrentados y despojados de dinero en efectivo bajo amenazas de ser puestos a disposición del Ministerio Público por posesión de estupefacientes que, aseguran, fueron plantados en su vehículo.
Los hechos se registraron la noche del domingo, en un lapso estimado entre las 21:30 y las 22:00 horas, en el filtro de seguridad instalado sobre la carretera a Zacatecas, a la altura de la gasolinera La Posta. En dicho punto, un grupo de cuatro uniformados —tres masculinos y una femenina adscritos a la corporación estatal— marcó el alto a la unidad particular donde viajaban dos hombres y dos mujeres.
Tras descender del automóvil, el conductor presentó la tarjeta de circulación requerida. Simultáneamente, los elementos comenzaron a cuestionar al copiloto sobre su lugar de origen y le solicitaron su identificación oficial. Acto seguido, procedieron a vaciar los bolsillos de su vestimenta y a inspeccionar el contenido de su billetera. Al cuestionar los civiles el motivo de la revisión a los objetos personales, los oficiales reaccionaron separando a los ocupantes: el conductor fue conducido a la parte trasera del automóvil, mientras que la mujer policía apartó a las dos acompañantes a varios metros del sitio.
Durante la inspección al interior del coche, uno de los agentes afirmó haber encontrado bolsas con sustancias ilícitas. Ante la acusación, los tripulantes negaron de manera reiterada la pertenencia de los objetos y solicitaron someterse a exámenes toxicológicos para deslindar responsabilidades. No obstante, los policías colocaron las esposas a los dos varones e intensificaron la presión verbal, señalando las complicaciones legales y económicas de presentarlos ante la autoridad ministerial correspondiente.
Para permitirles retirarse y evitar la detención, los elementos exigieron la entrega del efectivo que portaban, despojándolos de un total de 14 mil 800 pesos. Antes de liberar a los afectados, los agentes verificaron con la oficial a cargo de las mujeres si estas contaban con más recursos económicos. Los afectados señalaron que no les fue posible registrar evidencia fotográfica ni en video debido a que los uniformados les impidieron en todo momento utilizar sus teléfonos móviles.
