El activista Carlos Covarrubias alertó sobre el presunto avance de proyectos inmobiliarios dentro del Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí. De acuerdo con sus declaraciones, emitidas en entrevista con el periodista Julio Astillero, se ha registrado el ingreso de maquinaria pesada perteneciente a la empresa constructora Jaguar en las inmediaciones del Santuario del Desierto, con el fin de abrir caminos e intervenir flora y fauna para habilitar un desarrollo que abarcaría cerca de mil hectáreas.
A esta postura se sumó Arturo Medina, comisariado ejidal de Guadalupe Victoria, quien señaló que las faenas y movimientos de tierra se realizan sin previo diálogo ni consulta con las comunidades locales, las cuales rechazan cualquier intervención económica que afecte sus territorios o modifique el estatus de conservación de la zona.
Covarrubias extendió los señalamientos hacia diversas instancias de carácter federal y estatal. En su testimonio, acusó una supuesta permisividad por parte del Registro Agrario Nacional (RAN) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), argumentando que al interior de dichas dependencias operan funcionarios que facilitarían las gestiones de los desarrolladores.
En el señalamiento también mencionó presuntas relaciones de cercanía de personajes como Elí Cervantes durante su paso por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), además de supuestos vínculos atribuidos a un familiar de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Ante este panorama, el activista instó a la titular de la Secretaría de Gobernación a intervenir en el caso, advirtiendo que la falta de resolución frente a los reclamos de los defensores de la tierra podría derivar en un conflicto social. Asimismo, confirmó que los hechos ya fueron turnados a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a la Procuraduría Agraria para exigir las investigaciones correspondientes y la aplicación de posibles medidas cautelares o clausuras.
