La Junta de Gobierno del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas analiza con alarma el impacto de la reforma al Código Penal de San Luis Potosí. Verónica Espinosa Villegas, consejera ciudadana del organismo, advirtió que la llamada «Ley Serrano» funciona como un instrumento de censura diseñado específicamente para amedrentar e iniciar procesos ministeriales contra comunicadores, activistas y voces que cuestionan las acciones del gobierno estatal.
El diseño de este nuevo marco legal contra el uso de inteligencia artificial transgrede los acuerdos de derechos humanos firmados por el país. La representante federal enfatizó que la tipificación penal de San Luis Potosí resulta excesiva y regresiva, ya que utiliza el debate tecnológico como un pretexto institucional para criminalizar el disenso, la libre expresión y el periodismo de investigación en un entorno político donde el mandatario estatal rechaza los cuestionamientos públicos.
Las instancias de protección federales también cuestionaron duramente la inacción y los argumentos de las autoridades de procuración de justicia locales. El Consejo Consultivo calificó de reprochable que el mecanismo estatal minimice el conflicto y criticó que la Fiscalía General intente justificar los arrestos negando el perfil periodístico de los detenidos, por lo que la Federación exige conocer los criterios oficiales para definir quién ejerce el periodismo ante la falta de respuestas claras por parte del Ejecutivo y la Fiscalía.
El organismo federal emitió una alerta por el riesgo inminente de que este tipo de legislación punitiva se extienda a otras entidades del país. Espinosa Villegas instó al gremio local a respaldarse en redes internacionales de derechos humanos y advirtió que la replicación de estas leyes punitivas elevará las agresiones en futuros contextos electorales, un escenario de abuso de autoridad que las organizaciones civiles y de libertad de expresión no permitirán.
