Foco rojo internacional: La prensa global y nacional expone el abuso autoritario de la «Ley Serrano» en San Luis Potosí

Lo que el Congreso de San Luis Potosí intentó vender como una legislación pionera en la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) ha terminado bajo los reflectores del periodismo nacional e internacional, pero no por sus méritos, sino por el burdo abuso de poder que esconde. Corresponsales, cabeceras nacionales y organismos de libertad de prensa en todo el mundo han comenzado a visibilizar y desmantelar la narrativa oficial de la llamada «Ley Serrano», denunciándola abiertamente como un mecanismo de censura penal y persecución contra los disidentes del régimen de Ricardo Gallardo Cardona.

La reforma al artículo 187 TER del Código Penal local —impulsada por el diputado del Partido Verde, Héctor Serrano Cortés— supuestamente perseguía el uso indebido de tecnologías digitales. Sin embargo, la realidad que los medios de comunicación han llevado a las portadas y pantallas expone un escenario de terror institucional: la detención arbitraria de periodistas y activistas utilizando la IA como la coartada perfecta para encarcelar la crítica.

El mundo observa la cacería de brujas

Las alarmas se encendieron fuera de las fronteras potosinas cuando activistas y periodistas locales denunciaron públicamente que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene bajo investigación penal a por lo menos diez personas incómodas para el gobierno. El escándalo escaló a nivel internacional tras confirmarse que dos mujeres creadoras de contenido y un comunicador varón fueron formalmente privados de su libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Medios nacionales e internacionales coinciden en señalar la perversión detrás de estos arrestos. Las detenciones no responden a una estrategia de ciberseguridad, sino a una cacería de brujas operada desde las estructuras del poder estatal. Mientras tanto, líderes sociales y periodistas locales se han visto obligados a tramitar amparos federales o buscar refugio ante la inminencia de ser los siguientes en la lista de capturas de la Fiscalía.

Lavado de manos ante el escrutinio público

La presión mediática ha sido de tal magnitud que los artífices de este atropello ya muestran fisuras y contradicciones en sus discursos:

• Héctor Serrano Cortés (Diputado promotor): Ante el cuestionamiento de reporteros nacionales, el legislador intentó deslindarse argumentando con cinismo que el Congreso local «solo aprobó el marco legal» y que la responsabilidad de la persecución recae exclusivamente en la Fiscalía.
• Bancadas de Morena y PVEM: Han salido a marchas forzadas a declarar ante los medios que la ley «excluye la crítica política y la labor periodística». Sin embargo, las detenciones vigentes y las carpetas de investigación abiertas desmienten categóricamente sus justificaciones retóricas.

Los análisis de la prensa especializada destacan que el verdadero peligro de la ley radica en su ambigüedad jurídica. Términos semánticos como «provocar alarma social» o «alterar la paz pública» carecen de cualquier rigor técnico, convirtiendo el texto legal en un cheque en blanco para que el Estado defina, a su conveniencia, qué es un delito digital y quién debe ir a prisión de uno a seis años.

La censura potosina llega a los tribunales más altos

La visibilización de este abuso ha trascendido las notas periodísticas para convertirse en un expediente de presión jurídica internacional. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ya ha puesto el dedo sobre la llaga, advirtiendo que el uso del derecho penal para castigar expresiones digitales viola flagrantemente los principios internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

En el ámbito nacional, el eco de la denuncia mediática empujó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los ojos del periodismo y de los defensores de derechos humanos en el mundo están hoy puestos sobre los ministros de la Corte. Mientras el máximo tribunal del país decide frenar este despropósito, los medios nacionales e internacionales continúan documentando lo que ya se califica como uno de los capítulos más negros y sofisticados de la censura de Estado en el México contemporáneo: el uso de la ley tecnológica como el nuevo garrote del autoritarismo local.

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