La Fiscalía General del Estado oculta la situación jurídica del creador de contenido Christian Herrera, propietario del portal «Código Rojo» en Ciudad Valles, quien fue detenido por la Policía de Investigación el pasado 21 de mayo. Aunque el arresto coincide con el polémico caso de la «Ley Serrano», que mantiene bajo investigación a varios comunicadores tras la denuncia penal de la senadora del PVEM, Ruth Mirian González Silva, la institución ha invocado la secrecía para no transparentar las carpetas de investigación ni los motivos reales del procedimiento.
Esta falta de claridad oficial ocurre en un contexto de extrema vulnerabilidad para la prensa potosina, sumándose al atentado a balazos contra la vivienda de la madre del periodista Antonio Meza, director del portal Noticias San Luis Potosí. Los agresores no solo dispararon contra el inmueble, sino que dejaron una cabeza de cerdo con un mensaje intimidante, consolidando una preocupante escalada de agresiones físicas y amenazas que buscan silenciar la labor informativa en la región de la Huasteca y la capital.
Mientras la Fiscalía estatal evade fijar una postura y mantiene bajo reserva los detalles de las indagatorias vigentes por supuesta manipulación gráfica con Inteligencia Artificial, las alertas entre los gremios de periodistas continúan encendidas. Las detenciones y los recientes ataques armados evidencian la desprotección de los comunicadores y abren la interrogante sobre el uso político del aparato de procuración de justicia para perseguir y amedrentar a voces críticas en la entidad.

