La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un nuevo requerimiento al Congreso del Estado para exigir avances concretos que cumplan con la sentencia de invalidez de las reformas a la Ley Electoral de 2022. Aunque el Poder Legislativo potosino remitió un desglose de costos y análisis financieros realizados por su Coordinación de Finanzas, el máximo tribunal advirtió que los reportes presupuestales y las reuniones no sustituyen la obligación legal de aplicar los ejercicios de participación ciudadana ordenados.
El tribunal constitucional otorgó un plazo improrrogable de 10 días hábiles a la presidenta de la Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina, para presentar constancias certificadas que acrediten la planeación real de las consultas dirigidas a los pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad. En caso de desacato o de mantener la parálisis administrativa en el proceso, la resolución contempla una multa económica directa sobre el patrimonio personal de la legisladora por un monto aproximado de 14 mil pesos como medida de apremio.
La parálisis legislativa mantiene congeladas disposiciones clave sobre acciones afirmativas, mecanismos de participación política y la representación de comunidades originarias en ayuntamientos y órganos electorales. A pesar de que los diputados locales argumentan dificultades financieras y han sostenido mesas de trabajo con legislaturas de otros estados para diseñar los protocolos, la Corte reiteró que el Congreso está obligado a reponer el procedimiento de consulta previa antes de intentar legislar nuevamente sobre cualquiera de estos rubros.
