La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo 44.2 puntos en el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2026, elaborado por Impunidad Cero, con lo que se ubicó en el lugar 20 de las 32 entidades del país, por debajo del promedio nacional de 44.7 puntos. El resultado refleja un desempeño prácticamente sin cambios respecto a la edición de 2021, cuando la institución ocupó la posición 21 con una calificación de 45.8.
En cinco años, la FGESLP avanzó únicamente un sitio en la clasificación nacional, aunque su evaluación disminuyó 1.6 puntos. El informe atribuye parte de este estancamiento a la falta de información actualizada sobre la estructura de la institución, ya que la dependencia ha reservado esos datos desde 2021 y no los ha reportado de manera constante al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del INEGI.
El estudio también señala que San Luis Potosí registra la menor tasa de personal sustantivo del país, con apenas 8.3 fiscales, policías de investigación y analistas por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional de 35.5. Debido a la ausencia de datos recientes, Impunidad Cero recurrió prácticamente a las mismas cifras utilizadas en la edición anterior del índice.
La escasez de personal impacta directamente en la carga laboral. Durante 2024, cada agente del Ministerio Público atendió en promedio 254 carpetas de investigación, más del doble del promedio nacional de 128. Solo Querétaro y el Estado de México registraron una carga superior.
El informe agrega que 25.4 por ciento de las víctimas esperó más de cuatro horas para presentar una denuncia ante el Ministerio Público, uno de los porcentajes más altos del país. Además, la confianza ciudadana en la Fiscalía alcanzó apenas 12.2 por ciento, una cifra ligeramente superior al promedio nacional, pero que continúa siendo baja.
Tras la publicación del índice, la fiscal general María Manuela García Cázares destacó únicamente uno de los resultados favorables del estudio al señalar que la institución ocupa el primer lugar nacional en número de investigaciones realizadas. Al ser cuestionada sobre si ello reflejaba una mayor eficiencia, respondió que el desempeño corresponde a la capacidad de investigación de los ministerios públicos y de la Policía de Investigación.
No obstante, el IEDF 2026 presenta un panorama más amplio, ya que además de reconocer fortalezas, exhibe deficiencias estructurales relacionadas con recursos humanos, atención a víctimas y disponibilidad de información institucional.
Entre los indicadores positivos, San Luis Potosí encabeza el país en efectividad para resolver casos, con 66.1 por ciento, así como en probabilidad de esclarecimiento del delito, con 4.66 por ciento. Sin embargo, el propio informe advierte que estos resultados no pueden compararse directamente con los de la edición de 2021, debido a un cambio en la metodología.
Mientras que el índice anterior utilizó información del Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Gobernación, la edición 2026 se elaboró con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del INEGI. El anexo metodológico precisa que ambas mediciones provienen de fuentes distintas, por lo que los resultados no son equivalentes entre una edición y otra.
Asimismo, Impunidad Cero puntualiza que, aunque San Luis Potosí lidera esos indicadores, los niveles de resolución y esclarecimiento de delitos siguen siendo bajos en términos absolutos, por lo que el hecho de que una denuncia concluya con resultados favorables continúa siendo una excepción más que una constante.
