La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí registró un bajo nivel de transparencia en la certificación de su personal, al reportar únicamente el 4 por ciento de la información disponible en ese rubro, de acuerdo con el Índice de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Procuración de Justicia (INTRAPRO) 2025.
El análisis, elaborado por las organizaciones Causa en Común, Perteneces e Impunidad Cero, evaluó seis áreas clave relacionadas con la rendición de cuentas en las fiscalías del país. En términos generales, la FGE alcanzó un nivel medio-alto al proporcionar el 67 por ciento de la información solicitada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.
Sin embargo, el apartado de certificación —que incluye datos sobre controles de confianza, competencias y evaluación del desempeño— fue el de menor cumplimiento. Este resultado contrasta con otros indicadores donde la institución obtuvo mejores niveles de apertura, como el régimen disciplinario y la autonomía, ambos con el 100 por ciento de información disponible.
El informe también reportó que la Fiscalía entregó el 86 por ciento de los datos relacionados con la carrera policial, 48 por ciento en profesionalización y 67 por ciento en seguridad social. Estos resultados reflejan avances parciales en materia de transparencia, aunque evidencian áreas críticas que requieren atención.
Las organizaciones señalaron que la limitada publicación de información sobre certificación representa una oportunidad para fortalecer la rendición de cuentas. Consideraron que transparentar estos procesos permitiría evaluar con mayor claridad los estándares de calidad del personal y demostrar el compromiso institucional con la profesionalización.
Asimismo, el estudio apuntó que una mayor apertura en los programas de capacitación —incluyendo contenidos, alcance e impacto— contribuiría a visibilizar la inversión en capital humano y la efectividad de las acciones formativas.
En cuanto al régimen disciplinario, el diagnóstico destacó que existen mecanismos accesibles para la denuncia, así como disposiciones que protegen a quienes reportan irregularidades. No obstante, advirtió que la publicación proactiva de sanciones aplicadas podría fortalecer la confianza ciudadana y mejorar la percepción sobre la eficacia de estos instrumentos.
El informe concluye que, pese a los avances en algunos rubros, la Fiscalía enfrenta retos importantes para consolidar una política de transparencia integral, especialmente en áreas sensibles como la certificación del personal.
