El Gobierno de San Luis Potosí realizará los ajustes necesarios a la llamada «Ley Serrano» una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine si la reforma al Código Penal estatal es constitucional o no. Así lo afirmó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.
El funcionario explicó que la administración estatal permanece atenta a la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la SCJN, mediante la cual se cuestionan diversos alcances de la legislación relacionada con el uso indebido de contenido gráfico o audiovisual generado con inteligencia artificial.
Torres Sánchez sostuvo que ninguna norma es definitiva y todas las legislaciones deben adecuarse a las nuevas realidades sociales y tecnológicas. En ese sentido, aseguró que el estado acatará el criterio que emita el máximo tribunal del país y promoverá las modificaciones que resulten procedentes.
«La normatividad siempre va sufriendo modificaciones, hasta la más perfecta se debe ajustar a las nuevas realidades», declaró el secretario general de Gobierno al referirse al debate jurídico que rodea esta reforma.
La disposición, conocida públicamente como «Ley Serrano», tomó notoriedad tras la detención de dos creadoras de contenido acusadas con base en esta normativa, quienes posteriormente obtuvieron la suspensión condicional del proceso y recuperaron su libertad.
El caso provocó que organizaciones defensoras de la libertad de expresión manifestaran preocupación por los posibles efectos de la ley sobre derechos fundamentales, al advertir riesgos relacionados con su aplicación e interpretación.
Además, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) de la Secretaría de Gobernación intervino para gestionar la excarcelación de las dos imputadas, lo que incrementó el debate nacional sobre los límites de la regulación del contenido generado o manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial.
Mientras la Suprema Corte analiza el recurso promovido por la CNDH, el Gobierno de San Luis Potosí mantiene abierta la posibilidad de reformar la legislación para adecuarla a los criterios constitucionales que establezca el Poder Judicial de la Federación.
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