Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado señalaron en conferencia de prensa la existencia de un cerco institucional enfocado en debilitar su estructura gremial. De acuerdo con Enrique González Ruiz, asesor jurídico de la organización, la administración estatal ha recurrido al uso de la fuerza pública y a la coacción con el objetivo de sentar un precedente disuasorio frente a los reclamos laborales en la entidad.
La dirigencia sindical expuso que la estrategia gubernamental abarca desde el despido injustificado de 437 empleados hasta la retención de sueldos y la falta de reconocimiento a la directiva. La secretaria general del gremio, Francisca Reséndiz Lara, indicó que el pasivo acumulado por el Ejecutivo estatal con el personal afectado supera los 201 millones de pesos. Asimismo, denunció que la autoridad condiciona la continuidad laboral de la plantilla a la renuncia explícita a la asociación, situación que catalogaron como un atentado directo contra la libertad de libre colegiación.
Entre los casos expuestos se destacaron las irregularidades operativas e intimidaciones en los centros educativos CADI y el Jardín de Niños Dr. Salvador Nava Martínez. La representación legal advirtió que la falta de pago durante más de tres años a 30 docentes, sumada al retiro de personal médico y académico, menoscaba los derechos de la infancia y contraviene tratados internacionales en materia educativa.
Ante este panorama, los asesores del grupo confirmaron que las afectaciones han sido turnadas a la Organización Internacional del Trabajo y a instancias locales, manteniendo la postura de agotar las vías legales correspondientes.
