El reporte financiero correspondiente al primer trimestre de 2026 (Enero – Marzo), entregado con rezago por la Secretaría de Finanzas al Congreso del Estado y publicado el pasado 24 de junio, transparenta un fuerte endeudamiento bancario inmediato.
En el apartado del Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos, la administración estatal documentó un saldo de 3 mil 700 millones de pesos contratados exclusivamente mediante créditos a corto plazo, comúnmente conocidos como préstamos quirografarios, cuyo plazo legal de liquidación no debe superar los 365 días
La totalidad de estos compromisos financieros, que representa el 5.25% del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2026 se concentró en tres instituciones bancarias privadas mediante cinco operaciones distintas.
El banco Santander otorgó un contrato por 1,200 millones de pesos y otro adicional por 300 millones, alcanzando un acumulado de 1,500 millones.
Por su parte, Banorte colocó dos líneas de crédito por montos de 1,000 millones y 800 millones de pesos, sumando 1,800 millones en conjunto.
La porción restante correspondió a BBVA, con una disposición por 400 millones de pesos que completa el paquete de financiamiento a corto plazo reportado oficialmente.
La dispersión de estos 3,700 millones de pesos ocurre en un escenario contable donde las presiones inmediatas de liquidez muestran un crecimiento sostenido.
Si bien la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal habría reconocido en agosto la existencia de estos créditos, ni los montos acumulados, ni individuales, así como tampoco las instituciones bancarias contratadas habían sido detalladas.
En el Estado de Situación Financiera remitido al Poder Legislativo, dicho monto figura clasificado bajo el rubro de documentos por pagar a corto plazo, el cual corre de forma paralela a un pasivo circulante por cuentas por pagar que rebasa los 5,307 millones de pesos. Entre estos pendientes destacan incrementos sustanciales en transferencias otorgadas por pagar, pasivos con proveedores y adeudos pendientes con contratistas de obra pública.
Aunque la legislación vigente permite a las entidades federativas recurrir a financiamientos quirografarios para solventar necesidades transitorias de liquidez sin requerir autorización previa de la legislatura, su vencimiento a doce meses impone una carga directa sobre las participaciones y el flujo de caja del ejercicio corriente.
