Hace exactamente un año, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí desplegó la narrativa del triunfo. Con bombo y platillo, la administración encabezada por Ricardo Gallardo Cardona presentó un helicóptero Airbus H-120 B como el nuevo gran hito para la seguridad pública y la protección civil en la entidad. La promesa era clara: capacidad de respuesta inmediata, tecnología de punta y autonomía aérea para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE).
Hoy, doce meses después, la aeronave no es más que un adorno costoso estacionado en el hangar estatal. Cumple un año sin uso, envuelta en la opacidad administrativa y con un expediente abierto ante las autoridades federales de aviación.
Desde el primer día, el discurso oficial chocó de frente con los registros públicos. La versión del Ejecutivo aseguraba que se trataba de una unidad “nueva, de última generación y propiedad del pueblo potosino”. Sin embargo, los datos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y de la plataforma FlightAware revelaron rápidamente otra realidad: la aeronave (número de serie 1699) fue fabricada en 2017, acumula al menos tres propietarios previos y figura a nombre de Aircraft Holdings Solutions LLC, una firma privada con sede en Newark.
A la fecha, el esquema de la transacción sigue sin explicarse. Nadie sabe si se trató de un arrendamiento, un pago diferido o una adquisición directa. Las dudas financieras se profundizaron cuando las propias autoridades eludieron transparentar los costos. Durante la presentación del equipo, la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Nohemí Proal Huerta, se limitó a señalar un monto global de 100 millones de pesos que mezclaba la aeronave con un lote de patrullas, sin desglose alguno. Por su parte, el titular de la SSPCE, Jesús Juárez Hernández, se desmarcó del proceso argumentando que su dependencia únicamente «recibió» la unidad, asegurando que no era rentada pero dejando en el aire el valor real del activo.
A las inconsistencias presupuestales se sumó el freno regulatorio. La aeronave arribó al hangar estatal con la matrícula estadounidense N260WH y, al no cumplirse con los procedimientos normativos para su importación y registro, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) frenó el trámite para otorgarle matrícula mexicana.
El incumplimiento derivó en un procedimiento administrativo contra el Gobierno del Estado, dejando al helicóptero con la hélice paralizada y formalmente impedido para realizar vuelos oficiales en el espacio aéreo nacional.
El impacto de este letargo burocrático no es meramente administrativo; se mide en territorio. Mientras la Huasteca potosina padecía severas inundaciones que dejaron a 12 municipios incomunicados y con decenas de cortes carreteros, la aeronave nunca despegó. Ni puentes aéreos, ni traslado de víveres, ni rescate de brigadistas. La logística de emergencia tuvo que ser cubierta por corporaciones federales, estados vecinos y colectivos civiles.
La aeronave tampoco ha sido desplegada en operativos de seguridad, como por ejemplo el reciente atentado contra la Guardia Civil Estatal en La Pila, en donde perdieron la vida tres elementos, pese a que la autoridad estatal informó «haber desplegado un operativo para dar con los responsables».
Un cheque en blanco por tenerlo en tierra
Tener un helicóptero varado no significa que salga gratis. En la aviación, las aeronaves en tierra consumen recursos de manera constante por estrictas regulaciones de aeronavegabilidad y preservación. Una investigación realizada por este medio en diversos portales del mercado aeronáutico estima que los costos fijos anuales para mantener un Airbus H-120 B en condiciones aptas (o para evitar su deterioro irreversible) rondan entre los 300 mil y 600 mil dólares al año; es decir, entre 5.5 y 11 millones de pesos mexicanos.
- Inspecciones obligatorias por calendario: Aunque la aeronave no sume horas de vuelo, la normativa exige revisiones mensuales, semestrales y anuales. A esto se le suma el protocolo de preservación de turbina, rotores y sistemas hidráulicos para prevenir la corrosión y la degradación de sellos por falta de movimiento.
- Seguros de aviación: Las pólizas para coberturas de responsabilidad civil y daños en hangar continúan vigentes, representando erogaciones que van de los 20 mil a los 40 mil dólares anuales.
- Hangaraje y resguardo: El espacio, la seguridad y el acondicionamiento dentro del hangar público representan costos logísticos continuos que oscilan entre 5,500 y 12,000 dólares al año.
