La implementación de la «Ley Serrano» en San Luis Potosí evidencia el temor de las autoridades hacia la crítica y la fiscalización pública, coincidieron liderazgos del sector empresarial y de la política local. El exsenador panista Francisco Xavier Salazar Sáenz afirmó que quienes buscan frenar la libre manifestación de ideas tienen miedo de que se revelen actos de corrupción y tropelías, advirtiendo que atentar contra este derecho debilita la democracia y encamina al gobierno hacia un corte dictatorial.
Por su parte, el sector empresarial potosino manifestó su rechazo ante la persecución legal que sufren los comunicadores de la entidad. Alberto Narváez Arochi, integrante de Potosinos con Valor, señaló que ningún argumento justifica atacar alevosamente la libertad de expresión y calificó como grave el uso político de la ley para agendas personales, instando a la sociedad a mantenerse en alerta frente a las acciones de censura gubernamental.
Finalmente, los críticos cuestionaron severamente el desempeño de la actual Legislatura al plegarse a los intereses del Poder Ejecutivo en lugar de actuar como un equilibrio democrático. Las posturas coinciden en que los diputados locales no están cumpliendo con el mandato ciudadano de ser un contrapeso real, facilitando en su lugar la creación de un andamiaje jurídico diseñado para acallar a comunicadores y opositores sin capacidad de debate racional.

