A pocos meses de concluir el año, excolaboradores del sector público se movilizaron ante las autoridades estatales para exigir la agilización de las carpetas administrativas que permitan liberar sus pagos y estímulos por jubilación. Los manifestantes señalaron que la falta de emisión de la documentación oficial por parte de la Oficialía Mayor impide que la Secretaría de Finanzas programe las erogaciones correspondientes, aumentando el riesgo de que el adeudo se postergue nuevamente dentro del presupuesto de egresos.
La problemática impacta a un colectivo integrado por cientos de extrabajadores estatales pertenecientes a diversas dependencias del poder ejecutivo. Representantes del movimiento denunciaron que existen expedientes con rezagos de hasta cinco años sin concluir el trámite formal de cobro, una situación que ha generado incertidumbre financiera entre los afectados tras haber cumplido con sus años de servicio reglamentarios.
El retraso en el cumplimiento de los compromisos laborales del estado agrava las condiciones de vulnerabilidad de los adultos mayores, muchos de los cuales enfrentan padecimientos de salud crónicos o han tenido que recurrir al endeudamiento para solventar sus gastos básicos. Frente al silencio institucional, las familias afectadas urgieron a la administración gubernamental a priorizar la liberación de recursos económicos antes del cierre del ejercicio fiscal.
