Concluyó la audiencia inicial de formulación de imputación contra Raúl «N», —hijo de la diputada local Leticia Vázquez (PVEM) y el regidor del municipio de Cerritos Raúl Reyes—, señalado por el homicidio culposo de la joven Lizbeth, en una jornada judicial celebrada en la sala sede del Centro Integral de Justicia Penal de Rioverde que dejó al descubierto presuntas omisiones legales por parte de la Fiscalía General del Estado.
A pesar de que el marco procesal y los elementos de riesgo permitían fundamentar una medida cautelar restrictiva de la libertad, la representación social del Ministerio Público omitió solicitar la prisión preventiva justificada, facultad exclusiva que la ley le confiere.
La inacción ministerial en la sala de audiencias
Rodrigo Guerrero, abogado de la familia ofendida, señaló que antes de ingresar al recinto judicial planteó de forma directa al agente del Ministerio Público la viabilidad y necesidad de solicitar la prisión preventiva. De acuerdo con la defensa de la víctima, existían los elementos técnicos y fácticos suficientes para acreditar el riesgo de sustracción y la posible obstaculización del procedimiento.
Sin embargo, el Ministerio Público guardó silencio y declinó presentar la moción ante el juez de control.
Ante esta pasividad de la autoridad ministerial, la asesoría jurídica de la víctima recurrió al único recurso a su alcance: solicitar la prisión domiciliaria para contener el riesgo de fuga, medida que fue concedida por el juzgador. Para los representantes de la víctima, la negativa del Ministerio Público a ejercer sus facultades procesales responde a una parcialidad deliberada en favor del imputado.
Señalamientos de influyentismo y presunta intimidación estatal
Familiares y activistas han calificado la actuación ministerial como una maniobra facilitada por el influyentismo derivado de los nexos familiares de Raúl «N», acusando un trato preferencial desde el inicio de las indagatorias.
A los cuestionamientos jurídicos se sumaron denuncias en el exterior del centro judicial. Integrantes del colectivo Voces documentaron la presencia de patrullas de la Guardia Civil y acusaron a presuntos enviados de la Secretaría General de Gobierno, encabezada por J. Guadalupe Torres Sánchez, de fotografiar y videograbar a quienes se manifestaban pacíficamente en demanda de justicia, acción señalada por las organizaciones civiles como un acto de intimidación estatal.
Continuidad del proceso
La defensa de Raúl «N» solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para determinar su vinculación a proceso se reanudará el próximo sábado 22 de agosto. Mientras tanto, el imputado permanecerá bajo resguardo domiciliario.
