La organización Ciudadanos Observando (CO) denunció que más de 370 unidades del transporte público urbano circulan de manera irregular en la zona metropolitana de San Luis Potosí, al haber sobrepasado el límite de diez años de antigüedad que establece el Artículo 46 de la Ley Estatal del Transporte. La agrupación señaló que tanto permisionarios como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) han sido omisos frente a esta infracción continua.
Las señalamientos surgen tras las declaraciones del líder del gremio transportista, Margarito Terán López, quien argumentó que el sector no es rentable y solicitó un subsidio de 2,700 millones de pesos de recursos públicos para continuar la operación. La organización civil enfatizó que la renovación del parque vehicular constituye una obligación legal indispensable para discutir cualquier ajuste a las tarifas del pasaje en el mes de enero.
Ante la exigencia de subsidios masivos, la titular de la SCT, Araceli Martínez Acosta, rechazó ceder a presiones del sector y sostuvo que existen concesionarias operando bajo modelos de negocio rentables. Como ejemplo, la funcionaria citó el esquema de Transportes Tangamanga, abriendo la posibilidad a que nuevos permisionarios entren al mercado en caso de que los prestadores actuales decidan abandonar las rutas.
Ciudadanos Observando cuestionó la falta de aplicación rigurosa del marco normativo por parte de las autoridades y exigió poner fin al uso de unidades obsoletas en perjuicio de la ciudadanía. El colectivo instó a la SCT a priorizar la calidad en la movilidad urbana y garantizar que las empresas cumplan estrictamente con sus obligaciones contractuales y de seguridad antes de autorizar incrementos tarifarios.
