La abogada y activista Natalia Castillo Vera rechazó de manera categórica las acusaciones vertidas por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, luego de que el Poder Legislativo anunciara acciones penales en su contra por presuntos actos de violencia física y verbal en el recinto parlamentario.
Lejos de replegarse, la litigante advirtió que emprenderá una contraofensiva jurídica mediante demandas por daño moral dirigidas tanto a la institución como a las y los diputados que avalaron lo que catalogó como un comunicado difamatorio y un intento de intimidación institucional contra la protesta ciudadana.
Castillo desmintió haber golpeado o agredido físicamente a legisladores de las diferentes bancadas o a la presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, sosteniendo que su manifestación se limitó a reclamos verbales en ejercicio pleno de la libertad de expresión.
Al respecto, argumentó que todas sus actividades públicas y las incidencias de ese día quedaron registradas en transmisiones en vivo y videos que obran en sus redes sociales, por lo que emplazó al Congreso y a la Fiscalía General del Estado a presentar los peritajes y las grabaciones oficiales de las cámaras de seguridad del inmueble para sostener lo dicho en el boletín.
La activista también se deslindó de cualquier vínculo político-electoral con el aspirante gubernamental Gerardo Sánchez Zumaya o con partidos de oposición, acusando al grupo parlamentario mayoritario de utilizar el aparato del Estado para judicializar la crítica social y desviar la atención de sus propias fallas legislativas.
En sus señalamientos, apuntó de forma directa contra figuras como el diputado Héctor Serrano Cortés y la legisladora Leticia Vázquez, anticipando que llevará el litigio hasta las últimas consecuencias legales y mediáticas para evidenciar lo que califica como un uso faccioso de las instituciones potosinas.
