A unas horas de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, el Palacio de Gobierno de San Luis Potosí amaneció rodeado de estructuras metálicas. El blindaje del edificio no pasó desapercibido: es la señal más visible de la tensión que se vive en el centro político del estado frente a las protestas convocadas para este 8 de marzo.
La medida ocurre en medio de un clima de inconformidad creciente entre colectivos feministas, que han denunciado la falta de avances reales en materia de justicia para las mujeres y la persistencia de la violencia de género. Las organizaciones advierten que, lejos de atender las demandas, el gobierno estatal ha acumulado pendientes en una agenda que lleva años reclamando respuestas.
El malestar se ha intensificado particularmente por la intención de retirar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la entidad, una decisión que activistas consideran prematura e injustificada frente a la realidad que enfrentan miles de potosinas. Para los colectivos, el intento de levantar la alerta envía el mensaje equivocado en un contexto donde los casos de violencia continúan sin resolverse con eficacia.
En ese escenario, las vallas que ahora rodean el Palacio de Gobierno reflejan más que una medida preventiva. Para muchas activistas, el blindaje evidencia el nerviosismo de las autoridades ante una jornada de protesta que, aseguran, es consecuencia directa de años de promesas incumplidas y de una política pública incapaz de garantizar seguridad y justicia para las mujeres.
