En el Congreso del Estado de San Luis Potosí se presentó una iniciativa que busca modernizar la forma en que se resuelven disputas legales, priorizando mecanismos alternativos al juicio tradicional. El diputado Carlos Arreola Mallol impulsó la propuesta para crear la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con la intención de actualizar el marco normativo estatal y alinearlo con la legislación federal vigente.
El planteamiento incluye también modificaciones a diversas leyes locales, entre ellas la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios. Con ello, se pretende ajustar las disposiciones actuales a un nuevo esquema institucional y operativo en materia de justicia alternativa.
Uno de los cambios centrales es la sustitución de la actual Ley de Mediación y Conciliación, vigente desde abril de 2014, por una normativa más amplia que contemple no solo estos métodos, sino también figuras como la negociación, la negociación colaborativa y un sistema de arbitraje actualizado. Además, la iniciativa incorpora el uso de herramientas digitales y la implementación de sistemas interoperables para la formalización de convenios.
El legislador argumentó que el contexto jurídico del estado ha cambiado tras la reconfiguración del Poder Judicial en 2025, cuando se creó el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, así como el reconocimiento del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y de Promoción de Cultura de Paz como instancia auxiliar. Bajo esta nueva estructura, consideró necesario redefinir funciones y competencias en áreas como certificación, supervisión y disciplina.
La propuesta también contempla ajustes específicos en distintas materias. En el ámbito penal, busca precisar los alcances de estos mecanismos; en el administrativo, establecer reglas propias; y en general, delimitar con mayor claridad el funcionamiento del sistema de convenios.
El proyecto se turnó a la Comisión Segunda de Justicia del Congreso local, donde se analizará antes de su posible aprobación.
