El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Sala Regional Monterrey, ratificó de manera unánime las sanciones económicas impuestas al Partido del Trabajo en San Luis Potosí. Esta determinación valida las inconsistencias que el Instituto Nacional Electoral detectó originalmente durante la revisión de los recursos financieros correspondientes al ejercicio del año 2024.
La penalización total estipulada alcanza la cifra de un millón 104 mil 455 pesos. Para cubrir este monto, las autoridades electorales determinaron que se aplicará un descuento mensual equivalente al 25 por ciento del financiamiento público que el instituto político recibe de manera regular para sus actividades.
El fallo judicial, que conjuntó los expedientes SM-RAP-25/2026 y SM-RAP-28/2026 bajo la ponencia de la magistrada María Guadalupe Vázquez, dejó en firme cuatro conclusiones sancionatorias específicas. La anomalía de mayor impacto económico involucra un monto de 379 mil 717 pesos destinado al pago de honorarios asimilados en favor de Gerardo Acosta Zavala, comisionado político nacional de la organización en la entidad. La autoridad judicial concluyó que el partido omitió presentar las evidencias necesarias que comprobaran la realización efectiva de las labores contratadas durante el último trimestre de 2024.
A este concepto se suman otras penalizaciones validadas por el tribunal, como la multa de 93 mil 127 pesos derivada de la ausencia de bitácoras de control que vincularan los vehículos de la organización con los gastos reportados en combustible y mantenimiento preventivo.
Finalmente, la Sala Regional también ratificó un cargo por 210 mil 603 pesos debido a la falta de soporte documental en servicios de asesoría y capacitación provistos por la firma Val Consultores F&L, ya que los comprobantes carecían de elementos básicos de verificación como listas de asistencia, fechas precisas, materiales entregados o evidencias del desarrollo de los eventos.
