Los organismos fiscalizadores intensificaron las revisiones a las entidades estatales que presentan mayores rezagos en sus portales de rendición de cuentas. Las inspecciones de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) se enfocaron principalmente en ayuntamientos, sindicatos y operadores de agua, instituciones que justifican las anomalías bajo el argumento de carecer de infraestructura técnica y personal capacitado.
El resultado de estas auditorías arrojó la emisión de 71 medidas de apremio contra sujetos obligados durante el segundo trimestre del año 2026. La gravedad de las omisiones detectadas derivó en que el 95 por ciento de estos castigos se tradujeran en penalizaciones financieras severas, mientras que el porcentaje restante se saldó únicamente con amonestaciones de carácter público y privado.
En términos globales, el impacto económico acumulado por el conjunto de las sanciones institucionales superó los 2 millones de pesos en el periodo evaluado. José Gerardo Navarro Alviso, comisionado presidente del órgano autónomo, detalló que los montos individuales fijados en este paquete de castigos alcanzaron topes financieros de hasta 160 mil pesos por infractor.
Entre los expedientes liquidados destaca el caso del Partido del Trabajo, que pagó cerca de 150 mil pesos tras acreditarse sus faltas en materia de transparencia. Los directivos de la organización política acudieron formalmente a saldar el adeudo, generando los comprobantes fiscales y facturas que el órgano garante ya colocó a disposición ciudadana en su plataforma digital.
Por último, los reportes oficiales confirmaron que un exalcalde del municipio de Villa de la Paz también acudió a liquidar el monto económico que le correspondía por desacatos previos. La autoridad electoral reiteró que toda la documentación financiera referente a estos cobros es de acceso libre para garantizar que no existan dudas sobre el destino de los recursos.
