La licenciada Berta Alicia Gutiérrez, secretaria general del Sindicato Estatal Renovado de Trabajadores de Gobierno del Estado (SERTGE), denunció ante autoridades estatales cómo las institucionesoperan bajo un doble rasero que desampara a los ciudadanos honestos y cobija a las redes criminales.
La crisis tiene dos frentes igual de alarmantes: el secuestro financiero de los derechos laborales y la complicidad ministerial con la delincuencia organizada. En el ámbito laboral, el panorama es desolador debido a que la Secretaría de Finanzas mantiene retenidos, de manera ilegal y por años, recursos que pertenecen directamente a los trabajadores. Este estrangulamiento financiero, operado desde las arcas estatales, no es una simple omisión administrativa, sino un golpe directo a la operatividad y estabilidad del sindicato.
A pesar de los corteses llamados al Gobernador del Estado para que ordene a su equipo la devolución de estos fondos, la respuesta gubernamental sigue siendo el silencio y la apatía, lo que sugiere un intento sistemático por debilitar la representación laboral mediante el ahogamiento económico.
Sin embargo, el aspecto más tenebroso de la denuncia radica en la podredumbre que impera en la Fiscalía General del Estado, específicamente en la Mesa de Fraudes. Gutiérrez relató un calvario de más de dos años tras el robo de un vehículo de su propiedad, el cual fue utilizado por criminales para cometer un feminicidio. Aunque las mesas de robos y feminicidios liberaron la unidad al comprobarse la condición de víctimas de los propietarios, la Mesa de Fraudes mantiene retenido el patrimonio familiar de forma inexplicable.
La líder sindical denunció abiertamente que los ministerios públicos están protegiendo activamente a una red de delincuentes dedicada al robo, homicidio y comercialización de autos, impidiendo de manera sistemática que los afectados o sus abogados tengan acceso a la carpeta de investigación.
Esta flagrante obstrucción de la justicia retrata de cuerpo entero la descomposición institucional, donde un delincuente de alto perfil puede liberar un vehículo repleto de armas y drogas en cuarenta y ocho horas, mientras que a las víctimas legítimas se les niega el derecho al debido proceso.
La gestión en la Mesa de Fraudes, a cargo de funcionarios que la dirigente prefirió no calificar como enemigos políticos pero sí como negligentes, demuestra que en la entidad la justicia es selectiva y que a los burócratas les tiembla la mano para confrontar a los criminales, prefiriendo darles un trato de privilegios mientras criminalizan a los ciudadanos que se conducen con rectitud.
El llamado de auxilio y exigencia ya no solo va dirigido a la Fiscalía, cuyo despacho principal se ha mostrado inalcanzable para el diálogo, sino también al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y al propio Poder Judicial. Este último, ante los recientes cambios en su presidencia, arrastra un negro historial de parcialidad y sumisión ante el patrón estatal.
