San Luis Potosí se encuentra entre las entidades del país con mayores omisiones en la implementación de su sistema anticorrupción, al carecer de titular en la Secretaría Ejecutiva y no contar con una Comisión Ejecutiva en funciones. De acuerdo con el estudio del Observatorio Anticorrupción de México (Mexiro), correspondiente al periodo julio-septiembre de 2025, el estado forma parte del 42.42 por ciento de las entidades sin responsable en ese órgano técnico clave y del 63.63 por ciento donde las comisiones ejecutivas no operan por falta de integrantes, lo que impide formular y ejecutar políticas de prevención y control de la corrupción.
El informe advierte que estas ausencias no son casos esporádicos, sino parte de una crisis institucional más amplia que persiste a una década de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Entre los factores señalados destacan la concentración de poder en el Ejecutivo federal, el debilitamiento de contrapesos y una narrativa oficial que, según el observatorio, simula el combate a la corrupción mientras se mantienen vacíos de control. A ello se suma que 19 de las 33 Comisiones de Selección del país están incompletas, lo que ha derivado en Comités de Participación Ciudadana parcialmente integrados o sin miembros.
El estudio también cuestiona las designaciones en fiscalías especializadas anticorrupción en diversas entidades, al señalar posibles conflictos de interés, nepotismo o afinidades políticas. Otro dato relevante es que el 66 por ciento de los órganos garantes del derecho de acceso a la información han sido eliminados o están en riesgo de desaparecer, situación que limita la transparencia y la rendición de cuentas.
Ante este panorama, organizaciones civiles, académicas y defensoras de derechos humanos emitieron un pronunciamiento en el que exigen a la presidenta Claudia Sheinbaum frenar la centralización del control de la transparencia, detener el desmantelamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y cumplir los compromisos internacionales de México en la materia.
Al Senado y a los congresos estatales les demandan realizar las designaciones pendientes mediante procesos públicos y transparentes, mientras que a la Cámara de Diputados le solicitan no aprobar un Presupuesto de Egresos 2026 que debilite al sistema. Finalmente, piden a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno establecer lineamientos claros para la protección de archivos, implementar una política con enfoque de derechos humanos y crear mecanismos de monitoreo ciudadano sobre el cumplimiento de las designaciones.
