Hay una maniobra retórica tan vieja como perversa que consiste en envolver privilegios dinásticos con el manto de la causa feminista. En su segundo informe de actividades, Ruth González Silva decidió que la mejor defensa contra los cuestionamientos a su meteórico ascenso y a su evidente papel en la baraja sucesoria hacia 2027 era atrincherarse en el discurso de la violencia de género.
Sostener que fiscalizar la concentración del poder familiar equivale a vulnerar los derechos de una mujer no solo es una trampa argumentativa burda; es una afrenta directa contra las miles de mujeres que hacen política real desde abajo, sin el aparato del Estado operando como empresa conyugal ni las arcas públicas aceitando candidaturas por herencia.
La senadora argumentó que «ninguna mujer debe ver truncada su carrera por sus circunstancias personales ni por las expectativas ajenas», deslizando de paso que cualquier reproche a su entorno constituye una agresión machista. Es una coartada conveniente pero insostenible. Desviar la discusión pública sobre las reglas democráticas más elementales hacia el terreno del victimismo personal demuestra una alarmante falta de argumentos sustantivos.
En San Luis Potosí nadie discute si Ruth González tiene el derecho civil de competir; lo que se señala con el dedo en la llaga es la obscena ventaja estructural de pretender heredar el gobierno como si el Palacio de Cristal fuera una propiedad mancomunada sujeta a sucesión testamentaria.
El debate sobre el nepotismo electoral no se neutraliza con frases de manual de autoayuda política ni victimizándose ante micrófonos cómplices. La pregunta que incomoda al clan gobernante sigue intacta en la plaza pública: ¿cómo se pretende hablar de democracia cuando el mérito individual se confunde deliberadamente con la fuerza bruta del aparato gubernamental que encabeza su propio cónyuge? Invocar la paridad para blindar la continuidad de un feudo familiar pervierte el sentido histórico de la lucha de las mujeres por el poder.
La emancipación femenina nunca significó transferir el bastón de mando entre las sábanas del poder establecido para perpetuar el mismo grupo en el control del presupuesto y las instituciones.
La contradicción resulta todavía más hiriente cuando se confronta con la retórica de la coalición que la cobija. El Partido Verde suele inflar el pecho presumiéndose aliado incondicional de una Cuarta Transformación que, al menos en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha puesto en la mira el nepotismo electoral y los cotos de poder regionales.
Resulta grotesco observar cómo las consignas de regeneración moral se vuelven inflexibles frente a los adversarios, pero convenientemente elásticas y negociables cuando se trata de consentir los caprichos del socio electoral que garantiza votos en San Lázaro. En San Luis Potosí, la transformación nacional parece detenerse en la frontera estatal, domesticada por una franquicia que entiende la política como un negocio de estirpe.
Ruth González Silva habló largamente en su pasarela de su condición de mujer, de sus recorridos y de las incomprensiones que enfrenta, pero guardó un silencio sepulcral sobre cómo piensa desmarcar su aspiración del aparato oficial que la promociona a destajo.
No hubo una sola palabra que explicara los límites éticos que separan su proyecto de las tentaciones del cacicazgo contemporáneo. Y ese silencio confirma las sospechas: no hay interés alguno en someterse a una cancha pareja ni en rendir cuentas sobre una trayectoria legislativa gris y desprovista de iniciativas trascendentes.
La igualdad sustantiva no es un escudo protector para blindar privilegios de casta ni una licencia para convertir los cargos de elección popular en un patrimonio conyugal. Si el oficialismo verde aspira a que su senadora sea juzgada por sus méritos, tendría que empezar por despojarla del blindaje cortesano y permitir que compita sin el presupuesto del estado como escolta.
De lo contrario, que no se llamen a sorpresa ni apelen a la victimización: llamar al nepotismo por su nombre no es violencia política, es una elemental exigencia de dignidad ciudadana frente a la simulación democrática.
