La sumisión política tiene un costo elevado, y en San Luis Potosí lo pagamos todos los meses en la nómina del Poder Legislativo. Llevamos semanas asistiendo a un espectáculo bochornoso en el que el Congreso del Estado permanece inmóvil, de brazos cruzados, justificando su parálisis bajo una premisa vergonzosa: están esperando la iniciativa del gobernador para corregir el desastre de la Ley Serrano y modificar las normas que regulan la inteligencia artificial.
La pregunta es inevitable y obligatoria: ¿para qué les pagamos entonces? La Constitución local establece con claridad que la facultad y la obligación de legislar residen en el Congreso, no en el despacho del Ejecutivo. Ver a una legislatura entera declararse incompetente para actuar por iniciativa propia, argumentando que deben aguardar el permiso o la redacción del gobernador, es una abdicación total de sus funciones.
Los potosinos no eligieron representantes para que actúen como meros voceros o cabilderos del palacio de gobierno. Esta pasividad absoluta resulta un insulto directo a la ciudadanía, que ha salido a las calles a repudiar una reforma penal que atenta contra la libertad de expresión. La exigencia social de atender el problema es inmediata, pero el Congreso prefiere la comodidad del letargo.
La ironía del asunto alcanzará su punto máximo cuando, una vez que el Ejecutivo envíe el texto redactado, sean los mismos diputados del Partido Verde Ecologista de México y el propio Héctor Serrano —artífice de la censura original— quienes se atropellen en la tribuna para aplaudir e impulsar la voluntad del gobernador. Corregirán su propio error no por convicción ni por escuchar el reclamo popular, sino por simple obediencia ciega.
Este episodio quita cualquier máscara y deja en evidencia la cruda realidad institucional de la entidad: esta legislatura se encuentra —salvo algunas dignas excepciones— al servicio del Poder Ejecutivo. La soberanía y la división de poderes se han convertido en términos de adorno. Lo que el caso de la Ley Serrano demuestra de forma contundente es que los inquilinos del Congreso local han decidido renunciar a la iniciativa propia y a la dignidad de su cargo; no mueven un solo dedo si el gobernador no se los indica explícitamente.
