En cuestión de horas, dos policías municipales y un cadete en formación dejaron de ser sospechosos de un hecho aún no esclarecido para convertirse en el rostro público de la corrupción policial en San Luis Potosí. No los sentenció un juez, ni los imputó formalmente la Fiscalía. Fue una decisión operativa y de comunicación social la que dictó su destino mediático: difundir sus fotografías con uniforme, placa y gafete antes de que exista una resolución judicial.
Poner rostro y distintivos corporativos a personas que la ley presume inocentes no solo vulnera el debido proceso; también provoca una consecuencia institucional directa: la estigmatización deliberada de toda una corporación por la conducta presunta de tres de sus integrantes.
No pretendo litigar aquí si hubo o no delito. Esa tarea le corresponde al Ministerio Público a través de las líneas de investigación que la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal ya reconoció de forma pública. Lo que sí es exigible —y donde no cabe margen de interpretación— es que la exhibición mediática de cualquier detenido se conduzca con estricto respeto a sus garantías fundamentales.
Organismos como la CNDH han señalado reiteradamente los riesgos de presentar a personas como culpables antes de un juicio. Que sea el propio aparato de seguridad estatal el que incurra en esta práctica contra policías de corte municipal obliga, cuando menos, a preguntar qué motivó esa narrativa y ese método.
Las decisiones institucionales se miden con el rasero de sus propios precedentes. En los últimos cinco años, la administración capitalina ha detenido a más de diez elementos de la Policía Estatal por conductas irregulares. Ni una sola vez se difundió una sola fotografía de ellos portando su uniforme o distintivos corporativos.
El estándar de trato es asimétrico, y esa asimetría merece una explicación pública urgente. Mientras se instrumentaliza mediáticamente el caso de tres elementos, se corre el riesgo de omitir el diagnóstico de fondo de la corporación. En este periodo, la Policía Municipal capitalina registra mejoras verificables: renovación de equipamiento táctico, incremento de estímulos económicos, fortalecimiento de la capacitación y una adopción tecnológica sin precedentes. No es una narrativa autocomplaciente: es una curva de profesionalización medible que contrasta de forma positiva con los indicadores de percepción ciudadana.
Un ejemplo puntual de esta estrategia son los comités de seguridad: un modelo de proximidad policía-vecino que construye confianza barrio por barrio. Ningún operativo de medios puede replicar este capital social y, precisamente por eso, el trabajo territorial de años no debería ser sustituido por la sospecha instantánea de un día mediante filtraciones selectivas.
Aquí es donde el análisis deja de ser institucional y se vuelve estrictamente político. A quince meses de la elección a la gubernatura de 2027, el gobierno del estado enfrenta un déficit de narrativa que ninguna cifra de finanzas sanas alcanza a resolver: la corrupción y la falta de transparencia encabezan, por amplio margen, las preocupaciones ciudadanas en las encuestas recientes.
En este contexto, la seguridad pública corre el riesgo de convertirse en materia prima para la disputa electoral. Cuando una institución de seguridad se utiliza para construir un adversario, sembrar sospechas o capitalizar mediáticamente un caso bajo investigación, el propósito original se desvirtúa por completo. Ya no se trata de procurar justicia; se trata, llanamente, de lucrar políticamente con ella.
La corporación municipal no puede seguir absorbiendo el costo político de decisiones ajenas. Cada vez que se expone a un elemento antes de una resolución judicial, se erosiona la confianza ciudadana en toda la institución —no solo en los señalados— y se pone en riesgo el trabajo de cientos de policías que en cinco años han demostrado, con hechos verificables, que la corporación va en la dirección correcta.
Hay una línea clara entre la justicia y el oportunismo: investigar no es lucrar; sancionar no es exhibir. Cuando una investigación se transforma en espectáculo para golpear políticamente a un adversario, la seguridad pública deja de ser una garantía y se convierte en un rehén electoral.
La seguridad pública no puede ser moneda de cambio político. Y mucho menos puede permitirse que se utilice la tribuna pública para lucrar con el miedo, la indignación y la confianza de la ciudadanía
