Pedir licencia para saltar a otra candidatura —con una tormenta de acusaciones penales por parte de Estados Unidos y además una serie de señalamientos a nivel nacional que ya comienzan a colmar la paciencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum—, no tiene nada de jugada maestra; es simple ingenuidad con fachada de valentía.
Para Ricardo Gallardo, soltar el blindaje constitucional durante noventa días equivale a entregar la cabeza en bandeja de plata a un sistema de justicia que huele la sangre a kilómetros. En cuanto la licencia surta efecto, el intocable mandatario estatal pasa a ser un ciudadano común, expuesto a los mismos embates legales que hasta hoy ha frenado cómodamente desde el escritorio del Ejecutivo.
El problema de fondo para Gallardo no es la grilla local, sino la sombra que le proyecta el Distrito Sur de Nueva York. Las acusaciones por lavado de dinero y narcotráfico ante un gran jurado no se arreglan con pactos de café ni con alianzas electorales al vapor. Si a los fiscales gringos o a las autoridades federales les da por apretar el paso, esos tres meses sin fuero son una ventana ideal para ejecutar una orden de aprehensión antes de que alcance a colocarse la siguiente curul como salvavidas.
Asumir que la justicia se va a sentar a esperar pacientemente a que termine el proceso electoral es la clásica soberbia que ya mandó a prisión a varios exgobernadores. Sin la inmunidad de la gubernatura y sin la protección del Gobierno Federal, Gallardo se juega todo a una sola carta: un movimiento donde el más mínimo error de cálculo no solo lo borra de la boleta, sino que lo pone en fila directa hacia un tribunal internacional.
