A los burócratas gallardistas les fascina vestirse con tecnicismos importados del mundo corporativo. Hablan de «reingeniería» con la misma soltura con la que despiden personal, confiando en que una palabra de seis sílabas baste para anestesiar la curiosidad de los reporteros. No fue el caso de Roxanna Hernández Ramírez. Previo a su trámite legislativo en el Congreso de San Luis Potosí, la titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva decidió que la mejor defensa era el enredo conceptual, aderezado con esa clásica mueca de fastidio que adoptan los funcionarios cuando se les exige rigor.
La secretaria presumió cambios profundos en el organigrama, pero bastaron dos preguntas de banqueta para que la arquitectura de su discurso se viniera abajo. Primero admitió despidos; segundos después, reculó para llamarles transferencias de personal. Al final, nadie supo si la secretaría se achicó, se mudó o si simplemente barrieron el patio. No hubo un solo indicador técnico que explicara de qué forma mover escritorios o cortar cabezas mejorará la atención a una mujer en crisis a las dos de la mañana. Confundir la rendición de cuentas con un ataque personal es el primer síntoma de quien administra una oficina que le queda grande.
La ligereza administrativa mutó en irresponsabilidad política cuando Hernández soltó, sin despeinarse, que la capital potosina concentra los índices más graves de violencia contra las mujeres. La afirmación no es menor y exige bastante más que intuición de pasillo. Si la titular de la política de género estatal desconoce la diferencia elemental entre números absolutos y tasas por cada cien mil habitantes, tenemos un problema de aritmética básica en el gabinete. Si lo sabe y aun así manipula la narrativa para golpear políticamente al ayuntamiento capitalino, el problema pasa de la incompetencia a la mala fe.
En materia de violencia feminicida y delitos de género, las dependencias no pueden operar con ocurrencias de sobremesa. Lanzar diagnósticos al vuelo sin transparentar la metodología, las carpetas de investigación de la Fiscalía o los registros del Secretariado Ejecutivo no es ejercer liderazgo: es distorsionar una crisis que cuesta vidas para ganar una discusión de coyuntura. Los avances o tropiezos del municipio capitalino merecen ser auditados con datos duros, no dinamitados desde un micrófono con el hígado por delante.
El sarcasmo con el que Hernández despachó a los reporteros no proyecta autoridad, retrata debilidad técnica. Gobernar no consiste en pararse frente a las cámaras a repartir culpas esperando que la prensa asienta en silencio. La política de género en el estado no saldrá a flote con desplantes de corte cortesano ni con retórica hueca; exige una funcionaria que entienda sus propias bases de datos, que soporte el escrutinio sin perder los estribos y que asuma, de una vez, que la dignidad de las mujeres potosinas no cabe en su simulación burocrática.
