La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí consolidó su desvinculación de las obligaciones constitucionales para operar abiertamente como un aparato de selectividad judicial al servicio del gobierno en turno. En los últimos años, la institución direccionó de forma sistemática sus recursos y celeridad hacia la protección de intereses particulares, utilizándolos para doblegar a adversarios políticos y someter a quienes disienten de la narrativa del gobierno estatal.
Esta parcialidad destruyó el Estado de Derecho en la entidad, transformando una columna institucional en un mecanismo de persecución selectiva.
La gestión de la fiscal general, Manuela García Cázares, sepultó una trayectoria construida en el Poder Judicial al alinear la institución con normativas diseñadas para reprimir la libertad de expresión. Bajo su mando, la Fiscalía actuó con presteza como el brazo ejecutor del poder contra comunicadores y medios críticos.
El contraste es brutal frente a la ciudadanía común: mientras la denuncia de un ciudadano promedio se congela en trámites burocráticos que tardan semanas, las denuncias presentadas por figuras del poder legislativo local operaron en un esquema de «fast track», logrando investigaciones, integración de carpetas y órdenes de aprehensión en menos de 48 horas.
Esta doble vara sumió a la entidad en una crisis de credibilidad con eco internacional. El sector empresarial potosino denunció formalmente encontrarse secuestrado y bajo constante amenaza de extorsión, una realidad que frena la competitividad y la inversión debido al entorpecimiento sistemático de sus denuncias.
La autoridad investigadora hoy no mide la gravedad del delito, sino el peso político del denunciante, consolidando un entorno de indefensión social e intimidación hacia la disidencia.
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