El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, señaló públicamente a la Contraloría Estatal por lo que considera una presunta extralimitación de funciones y un manejo con sesgo político respecto a la obra de infraestructura vial proyectada en la zona de El Saucito. El edil cuestionó los requerimientos recientes del órgano fiscalizador, así como sus intentos por involucrarse en los litigios legales derivados de este proyecto.
Galindo Ceballos explicó que la administración recibió un nuevo oficio de la Contraloría en el cual se solicitan requisitos adicionales para la liberación de las bases de la obra. Según el mandatario capitalino, estas peticiones carecen de relación con las facultades legales del organismo fiscalizador. Pese a calificar los requerimientos como ajenos a la esfera de competencia de la Contraloría, el presidente municipal afirmó que la autoridad local atenderá formalmente cada uno de los puntos señalados.
El alcalde vinculó la emisión de este último documento a la presión pública ejercida por su gobierno en defensa del proyecto, el cual contempla la construcción de un paso a desnivel diseñado para agilizar la movilidad en el sector norte de la ciudad. Galindo rechazó los señalamientos de arrogancia y defendió que su postura representa las demandas de los ciudadanos potosinos afectados por el retraso de los trabajos.
Por otra parte, el edil destacó supuestas irregularidades en el proceder del contralor interno al intentar incorporarse a los juicios de amparo vigentes promovidos por un grupo de cinco habitantes del sector. Galindo reveló que hace aproximadamente diez días la justicia federal, mediante una jueza de distrito, negó formalmente la petición de la Contraloría para formar parte del litigio, al determinar que la institución no cuenta con legitimación ni interés jurídico en dicho proceso.
La negativa judicial fue expuesta por Galindo Ceballos como un argumento que sustenta sus sospechas sobre un trasfondo político detrás de las acciones de la Contraloría. A su juicio, no existe justificación técnica o legal para que el órgano interno intente intervenir en un juicio donde no ha sido llamado como autoridad responsable.
Galindo Ceballos aseguró contar con la documentación probatoria de estas resoluciones judiciales e indicó que el gobierno municipal mantiene abiertos los canales de diálogo con los colonos firmantes del amparo para alcanzar una resolución concertada, similar a los convenios logrados en litigios previos del municipio.
