El cierre de vialidades registrado en Periférico Oriente, a la altura del acceso a La Virgen y avenida San Pedro, derivó de un conflicto por la disposición de residuos sólidos que enfrenta a trabajadores particulares del servicio de recolección con autoridades del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y pobladores de comunidades vecinas.
La movilización inició como medida de presión tras la retención de varios choferes y unidades en la localidad de Enrique Estrada, a un costado del Rancho Don Kiro. De acuerdo con los inconformes, el área de Ecología municipal les ordenó trasladar la basura hacia ese punto luego de la clausura del tiradero de Valle de la Palma, el cual operó únicamente una semana. Ante la llegada de desechos procedentes de Soledad y de Villa de Pozos, habitantes locales impidieron la salida de las camionetas recolectoras hasta obtener una respuesta formal sobre el destino de los desechos en su territorio.
El gremio de recolectores particulares, que agrupa entre 500 y 600 unidades encargadas de dar servicio a decenas de colonias, señaló que el problema tiene su origen en la falta de infraestructura municipal para procesar los residuos. Afirman que desde hace más de dos años la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) advirtieron sobre el cierre inminente del antiguo tiradero de Puerta Real, sin que el ayuntamiento concretara un proyecto definitivo para un nuevo relleno sanitario.
Los trabajadores explicaron que ellos no determinan las rutas ni los sitios de disposición final, sino que acatan las directrices emitidas por la Dirección de Ecología. Asimismo, detallaron que cada unidad cubre una cuota diaria de 120 pesos por ingresar a descargar, además de un pago anual de 800 pesos por concepto de permisos municipales, recursos que, afirman, no se ven reflejados en condiciones óptimas para el desempeño de su labor.
La protesta y los bloqueos viales se levantaron como llamado directo a la administración municipal para intervenir tanto en la liberación de sus compañeros como en el establecimiento de un sitio legal y definitivo para el depósito de residuos, advirtiendo que la falta de garantías operativas pone en riesgo la recolección continua de basura en la demarcación.
