A pesar de que el Poder Judicial de la Federación emitió un fallo definitivo desde enero de 2024, la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz, aseguró que el juicio relativo al retiro del lirio acuático en la presa San José continúa en proceso y carece de una resolución final. Sus declaraciones contrastan abiertamente con los registros judiciales que fijaron obligaciones claras para las dependencias locales.
La resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, derivada de un recurso de amparo interpuesto por la organización Cambio de Ruta, señaló con precisión las responsabilidades del Gobierno del Estado, la propia Segam, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el organismo intermunicipal Interapas. El mandato judicial ordena a estas cuatro instancias coordinar labores para garantizar el control de la maleza y proteger la calidad del recurso hídrico.
Sin embargo, la funcionaria estatal insistió en que será hasta contar con un dictamen inapelable cuando se defina a qué autoridad le corresponderá actuar de fondo, atribuyendo las demoras a un proceso legal todavía activo. No obstante este desconocimiento sobre el estatus de la ejecutoria, Mendoza Díaz sostuvo que se han entablado mesas de diálogo con el resto de las instituciones vinculadas, incluyendo a la representación local de la Conagua, para dar seguimiento formal al asunto.
El pronunciamiento de la titular de la Segam refleja la falta de claridad institucional que persiste en la administración pública estatal respecto al cumplimiento de la orden federal. Mientras las dependencias posponen la remoción física argumentando procedimientos jurídicos pendientes, la proliferación del lirio acuático se mantiene como una problemática ambiental y de salud pública sin atención inmediata en la capital potosina.
