El vicecoordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, presentó el marco normativo que regula la inhabilitación de aspirantes a cargos de elección popular de cara a los próximos procesos electorales.
En el marco de la conferencia matutina, el funcionario precisó que la Constitución Política establece la suspensión inmediata de derechos políticos a personas que cuenten con orden de aprehensión ejecutada o se encuentren bajo la condición de prófugos de la justicia.
Según detalló la autoridad ministerial, los criterios aplican para quienes mantengan la condición de deudores alimentarios, cuenten con condenas por violencia familiar o figuren en padrones de violencia política de género.
De acuerdo con las precisiones legales expuestas, los ciudadanos que cumplan prisión preventiva o mantengan sentencias firmes por delitos contra la vida o la integridad corporal quedarán imposibilitados para tramitar un registro formal ante los organismos de fiscalización electoral.
La actualización de estas directrices busca garantizar que la selección de perfiles en las planillas electorales se apegue estrictamente a los preceptos de idoneidad y elegibilidad fijados por la norma suprema.
