Las autoridades federales de Estados Unidos detuvieron a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, por presuntos vínculos con el crimen organizado y el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con registros del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, el exfuncionario permanece bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente la fecha ni el lugar exacto de su arresto.
Mérida Sánchez forma parte de un grupo de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Administración para el Control de Drogas (DEA) por supuestos nexos con organizaciones criminales.
Según la acusación presentada en Estados Unidos, el exsecretario habría recibido pagos mensuales superiores a 100 mil dólares por parte de “Los Chapitos”, facción ligada al Cártel de Sinaloa. A cambio, presuntamente proporcionaba información anticipada sobre operativos y redadas contra laboratorios de drogas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que entre 2023 y 2024 el exfuncionario permitió que integrantes del grupo criminal evitaran acciones de las fuerzas de seguridad, además de abstenerse de realizar detenciones contra miembros de la organización.
La acusación también señala que en al menos 10 ocasiones durante 2023 habría alertado previamente sobre operativos en narcolaboratorios, lo que permitió retirar precursores químicos y personal antes de las intervenciones oficiales.
Gerardo Mérida Sánchez, general retirado del Ejército Mexicano, asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en diciembre de 2023, después de la salida de Cristóbal Castañeda Camarillo.
Antes de integrarse al gobierno estatal, desarrolló una carrera de varias décadas dentro de las Fuerzas Armadas, donde ocupó distintos cargos relacionados con seguridad y estrategia militar.
Su nombramiento ocurrió en un contexto de violencia y reforzamiento de operativos en Sinaloa, con la intención de fortalecer la coordinación entre corporaciones estatales y federales en materia de seguridad pública.
