La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declinó emitir valoraciones personales sobre la renuncia de Ulises Lara López a sus funciones directivas dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). La mandataria nacional enfatizó que la salida del funcionario pertenece al ámbito de competencia exclusivo de la fiscalía federal y que es dicha institución la encargada de ofrecer los detalles de la transición administrativa.
Según informó el área de comunicación gubernamental, Ulises Lara López presentó de manera sorpresiva su renuncia con carácter de irrevocable a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, así como a la vocería oficial del órgano autónomo de justicia. El ahora exfuncionario justificó su decisión aludiendo a renuncia de funcionarios por motivos estrictamente personales, comprometiéndose a efectuar una entrega ordenada de sus responsabilidades.
Lara López asumió el cargo en la dependencia federal tras un polémico desempeño en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde fungió como coordinador de asesores y encargado de despacho. Durante su gestión de poco más de seis meses en la fiscalía general, el exvocero coordinó la difusión pública de investigaciones relevantes en materia penal y detenciones de alto impacto a nivel nacional.
La gestión de Ulises Lara ha estado bajo el escrutinio de diversas fuerzas políticas desde el año 2024, periodo en el que protagonizó desencuentros con autoridades estatales tras intervenir en la ejecución de mandamientos judiciales en la capital del país. Su incorporación y posterior salida de la estructura federal que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero representan una de las modificaciones más inesperadas en la estructura de justicia de este año.
La titular del Ejecutivo Federal remarcó que respeta la autonomía técnica y operativa de la FGR para determinar el destino de sus áreas de comunicación e investigación penal. Sheinbaum Pardo reiteró ante la prensa nacional que su administración continuará enfocada en coordinar el trabajo preventivo con las instituciones federales, dejando las aclaraciones de carácter laboral interno en manos de la fiscalía general.
