La Fiscalía General de la República (FGR) presentó los avances de una investigación sobre una estructura dedicada al contrabando de combustible a gran escala a través de aduanas marítimas. La titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, informó que las indagatorias permitieron el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas, así como la identificación de los presuntos operadores logísticos y financieros de este esquema.
El caso tuvo su origen en 2024 a partir de una denuncia presentada por el entonces titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien alertó sobre posibles actos de corrupción cometidos por personal naval en recintos portuarios. Con base en esa información, el Ministerio Público Federal rastreó las operaciones hasta ubicar a Manuel Roberto «N» y Fernando «N», conocidos como «Los Primos», señalados como los articuladores de la importación, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ilícito.
De acuerdo con las pruebas aportadas al Poder Judicial, esta organización intervino de forma directa en ascensos, transferencias y designaciones clave dentro de la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la propia Armada de México.
Durante el cateo a un inmueble vinculado a Manuel Roberto «N» en la Ciudad de México, las autoridades aseguraron armamento no registrado, listados de instalaciones portuarias, expedientes internos de altos mandos navales y documentos oficiales clasificados bajo reserva por motivos de seguridad nacional.
El mecanismo de operación consistía en el traslado de combustible desde puertos en Texas hasta territorio mexicano. Para evadir las cargas tributarias, los cargamentos eran registrados falsamente ante las autoridades como aceites o aditivos industriales.
La red aseguraba el ingreso de los buques mediante el pago sistemático de sobornos a inspectores aduanales, la alteración en el pesaje de los volúmenes declarados y la desconexión programada de las cámaras de seguridad durante las descargas nocturnas.
Una vez en tierra, el diésel se introducía al mercado nacional a través de tres empresas formalmente registradas. Los ingresos derivados de estas ventas eran posteriormente procesados mediante un entramado de compañías fantasma y transferencias bancarias trianguladas con el objetivo de encubrir el origen ilícito del dinero.
Las pesquisas de la FGR ubican operaciones activas de este grupo en Tamaulipas, Colima, Sonora, Baja California y la Ciudad de México.
Godoy Ramos enfatizó que las responsabilidades penales corresponden a los servidores públicos que utilizaron sus cargos o uniformes para facilitar el contrabando, y descartó un señalamiento corporativo contra la Marina, destacando la colaboración del actual secretario, Raymundo Morales Ángeles, para el esclarecimiento de los hechos.
