En una investigación firmada por el periodista José Díaz Briseño para el diario Reforma, se revela que el reciente acuerdo financiero entre el Gobierno de San Luis Potosí y el estratega político Roger Stone podría estar orientado a buscar inmunidad o protección política para el gobernador Ricardo Gallardo y su entorno cercano.
De acuerdo con el análisis del autor, la contratación del añejo aliado de Donald Trump coincide con un escenario de presuntas investigaciones por parte de agencias de Estados Unidos en contra de mandatarios y políticos mexicanos.
Díaz Briseño destaca que, aunque los contratos presentados ante el Departamento de Justicia de EE. UU. justifican un gasto de 750 mil dólares para supuestas labores de «relaciones públicas» y «desarrollo económico», la verdadera naturaleza de los servicios podría modificarse.
El reportaje de Reforma subraya la trayectoria de Stone como un intermediario clave ante la Casa Blanca, citando un informe de la agencia Reuters publicado en junio de 2026.
Dicha fuente periodística documenta que, durante el actual mandato presidencial de Trump iniciado en 2025, el consultor estadounidense ha intervenido de manera directa en la obtención de perdones presidenciales o en la disminución de sentencias judiciales para al menos cinco personas, lo que evidencia su estrecho nivel de interlocución con el Poder Ejecutivo de ese país.
Según los documentos presentados por Reforma, los documentos firmados por el secretario de Desarrollo Económico local, Mario García Valdez, el gobierno estatal se reservó el derecho de alterar el enfoque de la asesoría en cualquier momento, lo que permitiría redireccionar los esfuerzos hacia el cabildeo de protección legal ante Washington.
Según la información de Reuters recopilada en la cobertura del caso, los vínculos de Stone representan un activo de gran peso para quienes requieren este tipo de medidas de gracia.
Su efectividad radica no solo en la cercanía con el entorno presidencial, sino también en su plataforma de comunicación en estaciones radiofónicas de corte conservador, espacios que utiliza de forma recurrente para justificar y promover las causas de los individuos que posteriormente resultan beneficiados con las resoluciones de la Casa Blanca.
Finalmente, la indagatoria de Díaz Briseño detalla que el andamiaje contractual en San Luis Potosí incluyó un paso previo a la incorporación de Stone.
Escasos días antes de concretar su firma, la administración estatal pactó un acuerdo de características similares con Diana London, una especialista en estrategia conservadora que opera de manera coordinada con Stone en proyectos internacionales de representación, entre los que destaca una reciente campaña en favor de las autoridades de Nigeria.
