El nuevo código penal promulgado por el régimen talibán en Afganistán establece de manera explícita que los maridos y “amos” podrán aplicar castigos físicos discrecionales contra sus esposas y subordinadas, incluyendo golpes, bajo el argumento de corrección o disciplina. Organizaciones de derechos humanos advierten que esta disposición abre la puerta a la legalización de la violencia doméstica dentro del marco jurídico del país.
El documento, el cual firmó el líder supremo Hibatullah Akhundzada, consta de 90 páginas y se distribuyó oficialmente en tribunales afganos bajo el nombre De Mahakumu Jazaai Osulnama. Según el diario británico The Independent, que tuvo acceso a una copia, el texto contempla distintos niveles de castigo dependiendo del estatus social del acusado, diferenciando entre personas consideradas “libres” y aquellas catalogadas como “esclavas”.
Esta clasificación implica que ciertos sectores —principalmente líderes religiosos o mulás— quedarían prácticamente exentos de procesamiento penal, mientras que las sanciones más severas recaerían sobre integrantes de clases trabajadoras. En la práctica, expertos señalan que el código configura un sistema jerárquico que otorga privilegios judiciales a la élite religiosa.
En cuanto a la aplicación de penas, la normativa dispone que los castigos corporales por delitos graves, como flagelaciones u otras formas de sanción física, no los ejecutarán autoridades penitenciarias civiles, sino directamente por clérigos islámicos, reforzando el control religioso sobre el sistema de justicia.
Uno de los aspectos más alarmantes es que el texto equipara jurídicamente a las mujeres con personas en condición de subordinación, al permitir que reciban castigos físicos por parte de sus maridos sin que estos enfrenten consecuencias penales automáticas. Esto incluye la posibilidad de golpes como medida «correctiva», lo que organizaciones internacionales consideran una institucionalización de la violencia doméstica.
Tras la difusión del contenido del código y el descontento manifestado por activistas dentro y fuera del país, el régimen emitió una resolución adicional que tipifica como delito la discusión o crítica pública de la nueva legislación. En este contexto, ciudadanos consultados de forma anónima han expresado temor a represalias, lo que limita cualquier oposición interna visible.
