La organización internacional Artículo 19, en conjunto con un grupo de ciudadanos potosinos, formalizó una propuesta ante el Congreso de San Luis Potosí para suprimir las recientes reformas al Código Penal del Estado que sancionan el uso de inteligencia artificial. Los promoventes argumentan que el marco legal vigente vulnera el derecho a la libre expresión y ha desencadenado una ola de hostigamiento judicial en detrimento de comunicadores, activistas y la sociedad civil.
La iniciativa de derogación se entregó formalmente al Poder Legislativo el pasado 5 de junio. El documento técnico plantea la eliminación total de los artículos 187 TER, 272 BIS y 272 TER, los cuales se adhirieron a la legislación local durante 2025 bajo la figura jurídica de «uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social».
El debate sobre la ambigüedad jurídica y el uso institucional
Las disposiciones normativas que se buscan erradicar penalizan la modificación de contenidos que alteren la identidad o apariencia de individuos sin su aprobación explícita. Asimismo, castigan la propagación intencionada de datos falsos creados digitalmente que presuntamente alteren el orden público, además de sancionar la simulación de declaraciones adjudicadas a servidores públicos o dependencias gubernamentales.
Desde la etapa de discusión parlamentaria de dicha reforma, diversos especialistas advirtieron que la redacción de la ley carecía de precisión técnica. Defensores de derechos humanos sostienen que la ambigüedad conceptual otorga una facultad discrecional excesiva a los órganos de procuración de justicia, lo que facilita la persecución de la disidencia política y el periodismo de investigación bajo el argumento de combatir la desinformación.
A medio año de haber entrado en vigor este marco punitivo, ya se registraron expedientes de investigación y privaciones de la libertad contra creadores de contenido en la entidad. Los afectados denuncian que los criterios para ejecutar dichas capturas permanecen bajo opacidad, sin que la Fiscalía General del Estado precise las conductas exactas que tipifican el delito.
El registro de aplicaciones de esta ley incluye los procesos penales en contra de las comunicadoras Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo. De igual forma, se han liberado mandamientos judiciales de captura contra ocho personas adicionales, entre las que destaca la reportera Anahí Torres González. A este panorama se suma la detención de Christian Herrera en el municipio de Ciudad Valles, quien lidera la plataforma informativa Código Rojo, en un caso que presuntamente se vincula a las mismas reformas tecnológicas.
Desproporcionalidad en las sanciones y estándares internacionales
La propuesta ciudadana enfatiza que las penalidades contempladas resultan desmesuradas frente a la conducta señalada. El artículo 272 TER, enfocado en la interacción con figuras institucionales, establece sentencias que van de los tres a los seis años de cárcel, un rango de castigo equiparable al de delitos que involucran agresiones físicas directas, lo que evidencia una severidad punitiva orientada a inhibir el debate público.
La postura de los promoventes concluye que cualquier intento por normar los entornos digitales e inteligencias artificiales debe alinearse de manera estricta con los tratados interamericanos y los preceptos constitucionales de libertad de prensa. La gobernanza de las nuevas tecnologías, según el pronunciamiento de Artículo 19, no debe instrumentarse como un mecanismo para expandir el control penal del Estado ni para restringir los derechos fundamentales de la ciudadanía.
