Un Grupo Ciudadano de Trabajo y una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento de urgencia ante lo que califican como una alarmante ola de persecución, detenciones y órdenes de aprehensión dirigidas contra comunicadores, periodistas y defensores de derechos humanos en el estado de San Luis Potosí. Los firmantes vinculan directamente este incremento en las hostilidades institucionales con la reciente entrada en vigor del Decreto 0525, el cual introduce conceptos penales bajo una redacción que consideran ambigua y propensa al uso faccioso del aparato de justicia.
La reforma al Código Penal del Estado, publicada formalmente el pasado 8 de mayo de 2026, estipula en su artículo 170 TIER penas de dos a cinco años de prisión para quienes difundan mensajes que busquen alterar el orden público o generar temor colectivo. A pesar de que el marco legal vigente excluye textualmente de sanción a las actividades periodísticas, académicas y de protesta social, la realidad operativa en las distintas regiones de la entidad demuestra que el Ministerio Público y las corporaciones policiacas utilizan estos nuevos tipos penales con un alto grado de discrecionalidad. La falta de definiciones técnicas precisas permite tipificar como delito la mera cobertura informativa de hechos violentos o la denuncia pública de actos de corrupción.
El comunicado alerta que sancionar penalmente la divulgación de amenazas expresas o la exhibición de mensajes de la delincuencia organizada coloca a los periodistas en una situación de indefensión absoluta. En lugar de perseguir las dinámicas delictivas de fondo, las fiscalías locales concentran sus esfuerzos en sancionar el flujo de información, lo que fomenta dinámicas de censura previa. Esta situación se añade a previas adiciones legislativas cuestionadas por la opinión pública, tales como la regulación del uso indebido de herramientas tecnológicas, el control de la Inteligencia Artificial y las reformas enfocadas en el denominado halconeo digital, configurando una arquitectura punitiva diseñada para inhibir el debate público.
La vulnerabilidad de los comunicadores se ve agravada por lo que el pronunciamiento califica como una desarticulación deliberada del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, el cual presenta omisiones estructurales graves desde marzo de 2026. La institución carece en la actualidad de plataformas de comunicación oficiales actualizadas y guías de procedimiento claras, lo que impide que las víctimas en situación de riesgo inminente puedan tramitar medidas cautelares o acceder a evaluaciones técnicas de su entorno de seguridad.
La opacidad administrativa impera en el órgano oficial, el cual ha incumplido de manera reiterada con la entrega de informes trimestrales y la publicación de estadísticas oficiales obligadas por la ley de transparencia. Asimismo, los activistas denunciaron trabas burocráticas orientadas a obstaculizar la participación de los propios periodistas en los órganos de decisión. Tras declararse desierta una convocatoria formal para renovar las representaciones ciudadanas, la administración local impuso perfiles mediante procesos cerrados y excluyentes, anulando el contrapeso social y capturando políticamente el espacio encargado de vigilar la integridad física de quienes ejercen el periodismo.
Ante este panorama, el bloque civil demanda de forma unánime a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a la Fiscalía General del Estado, una revisión exhaustiva y el cese inmediato de los procesos penales iniciados bajo el amparo de estas normativas ambiguas. Las organizaciones exigen la formalización de políticas preventivas reales que involucren activamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, garantizando que no se destinen recursos públicos para intimidar la crítica legítima.
Finalmente, debido al deterioro del entorno democrático local, el Grupo Ciudadano de Trabajo extendió una solicitud de monitoreo prioritario a organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El llamado busca activar alertas tempranas internacionales para forzar al Estado mexicano a respetar los tratados internacionales suscritos en la materia y detener la criminalización institucional que hoy asfixia el ejercicio de la prensa libre en San Luis Potosí.
