El Poder Judicial del Estado comenzó el año con una serie de despidos que impactaron a decenas de trabajadores en activo, principalmente de áreas consideradas como labores complementarias. De acuerdo con información recabada entre personal afectado, separaron a al menos 54 personas de sus funciones durante esta semana, aunque la cifra total podría acercarse a los 60 casos.
Las notificaciones se realizaron de manera directa este miércoles por la mañana, cuando personal del área de Recursos Humanos citó a trabajadores previamente señalados. Al presentarse, varios de ellos se encontraron con que su acceso al sistema de reconocimiento facial se canceló, confirmando de facto su baja laboral. Otros empleados se enteraron hasta intentar ingresar a la Ciudad Judicial, ya que no fue posible localizarlos con anterioridad por vía telefónica.
Los despidos alcanzaron a personal que desempeñaba funciones como mozos y escribientes, con actividades tanto en el sistema penal tradicional como en juzgados de oralidad, salas y juzgados de distintas materias. Entre los afectados hay trabajadores locales y foráneos, algunos con contratos vigentes y con una antigüedad mínima de dos años y medio, mientras que otros contaban con más de cinco años de servicio e incluso con basificación.
Este proceso marca un hecho inédito dentro del Poder Judicial estatal, ya que, hasta ahora, los principales conflictos laborales se habían concentrado en trabajadores jubilados, no en personal activo. La medida genera inquietud entre los despedidos, quienes temen que personas cercanas o por recomedación de los nuevos magistrados que integran el órgano judicial ocupen sus plazas.
Hasta el momento, las autoridades del Poder Judicial aún no presentan una postura pública a detalle sobre los criterios que utilizan para estas separaciones ni sobre el número final de trabajadores que darán de baja, mientras el ambiente laboral permanece tenso ante la posibilidad de nuevos despidos.
