El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado (SITTGE) denunció que el inicio de 2026 estuvo marcado por una ola de despidos ilegales en la administración estatal encabezada por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona. De acuerdo con la secretaria general del sindicato, Francisca Reséndiz Lara, despidieron a más de 186 trabajadores para liberar plazas que ocuparán militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Detalló que las bajas incluyen a 150 empleados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 11 de la Junta Estatal de Caminos y 25 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de otros casos en la Secretaría de Finanzas. Señaló que los despidos se concentran en personal próximo a jubilarse y que incluso se dio de baja a un trabajador con discapacidad afiliado al SITTGE, hecho que denunciarán ante las instancias correspondientes.
Reséndiz Lara afirmó que, desde el inicio de la actual administración, despidieron a 213 integrantes del sindicato de manera ilegal, lo que atribuyó a represalias por denunciar presuntos abusos del Ejecutivo estatal. Añadió que presionan a los trabajadores para apoyar en redes sociales al gobernador, a su esposa y al PVEM, bajo amenaza de perder su empleo.
También denunció amenazas contra personal de la Casa de Desarrollo Infantil y del Jardín de Niños Dr. Salvador Nava Martínez, así como un ataque al vehículo de la directora, hechos que ya denunciaron ante la Fiscalía General del Estado. Responsabilizó al gobernador de cualquier daño que puedan sufrir los trabajadores, sus familias y bienes, y acusó un intento por desmantelar los servicios de guardería y educación del sindicato mediante hostigamiento y falta de pago de salarios.
Asimismo, el SITTGE manifestó su rechazo a una posible reducción del aguinaldo de personal activo y jubilado de entre 70 y 90 días a solo 30, al considerar que se trata de un derecho adquirido. La dirigente sindical desmintió versiones oficiales sobre supuestas pensiones elevadas y aseguró que el Fondo Estatal de Pensiones enfrenta un desfalco superior a seis mil millones de pesos, derivado de aportaciones descontadas a los trabajadores pero no depositadas por el gobierno.
Finalmente, criticó las declaraciones del secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, sobre criminalizar las protestas de jubilados y pensionados, y reiteró que el SITTGE mantiene denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pese a las presiones, afirmó que el sindicato continuará firme en su lucha.
