La colectiva nacional 50+1 enfrenta una de las crisis internas más graves desde su fundación, luego de que un grupo de asociadas fundadoras, encabezadas por Maria Elena Orantes, fuera señalado por actuar de manera reiterada al margen de la legalidad, con el objetivo de desconocer a la actual dirigencia y debilitar la estructura democrática de la organización.
De acuerdo con un comunicado difundido por la colectiva, durante la Asamblea General legalmente convocada por la presidenta nacional Claudia Corichi García, el grupo liderado por Orantes rechazó la asignación de votos que, conforme a la normativa interna, corresponde a los capítulos estatales legalmente constituidos. Esta negativa fue calificada como un intento “golpista” que contradice los principios fundacionales de igualdad, legalidad y democracia que dieron origen a 50+1.
El documento denuncia que dichas asociadas no solo desoyeron los acuerdos normativos, sino que además sustrajeron de manera ilegal documentos oficiales de la Asamblea, pese a los llamados reiterados para su devolución. Estos hechos quedaron asentados en una fe notarial y ya siguen los cauces jurídicos correspondientes.
La controversia se agravó el mismo día de la Asamblea, cuando el grupo afín a Orantes intentó convocar una reunión paralela sin tener facultades estatutarias para hacerlo. La colectiva subrayó que esta convocatoria fue ilegal y que se realizó sin incluir a presidentas de capítulos estatales ni a otras colectivas, recurriendo —según el comunicado— a un notario con antecedentes cuestionables para intentar dar apariencia de legalidad a un acto que carece de sustento jurídico.
Asimismo, se acusó a este grupo de difundir notificaciones y amenazas infundadas, con el objetivo de instalar la narrativa de una supuesta revocación de la presidencia nacional, sin que exista resolución jurisdiccional alguna que lo respalde. Para la colectiva, estas acciones buscan confundir, dividir y desinformar deliberadamente a las asociadas.
El comunicado también señala que, mientras la actual presidenta ha defendido la participación y el peso político de los capítulos estatales, un reducido grupo de fundadoras insiste en excluirlos de la toma de decisiones, negándoles voz y voto. Esta postura, afirma la colectiva, responde al interés de imponer nuevamente a María Elena Orantes como presidenta nacional “a costa de lo que sea”.
En ese contexto, se denunció una serie de prácticas de violencia simbólica, sistemática y digital contra integrantes que no coinciden con este grupo, así como intentos de boicotear el Congreso Nacional celebrado en San Luis Potosí. La tensión alcanzó su punto más alto cuando Orantes excluyó de los chats que administra a la presidenta nacional, a parte de la directiva y a presidentas de capítulos estatales, en lo que la colectiva calificó como una “purga” orientada a monopolizar la información y cancelar cualquier forma de debate interno.
La colectiva lamentó que prácticas autoritarias, patrimoniales y patriarcales se reproduzcan al interior de una organización integrada por mujeres, y reiteró que ya se encuentran en marcha las acciones legales correspondientes para combatir las irregularidades denunciadas.
Finalmente, aseguró que mantendrá informadas a sus asociadas, apelando a la transparencia, la legalidad y la verdad, al sostener que cuenta con la razón jurídica y la legitimidad para defender el rumbo de 50+1 y su causa central: la igualdad.
