La respuesta institucional de la diplomacia y el legislativo mexicano ante el fallecimiento de un ciudadano en Texas ha generado severas críticas debido a la falta de un pronunciamiento contundente y a la continuidad de actividades festivas por parte de funcionarias clave. Mientras la comunidad migrante exige justicia por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), figuras centrales de la representación exterior han priorizado agendas personales y partidistas.
El deceso de Salgado Araujo ocurrió el pasado 7 de julio en Houston durante un operativo federal. La versión del ICE señala que el agente actuó en defensa propia ante un presunto intento de atropello, argumentos que la defensa de la víctima y sus familiares rechazan enérgicamente, demandando una investigación profunda y denunciando la opacidad debido a la ausencia de cámaras corporales en los uniformados.
A pesar de la gravedad del suceso en la jurisdicción bajo su cargo, la cónsul general de México en Houston, María Elena Orantes, permaneció en el estado de Chiapas acudiendo a eventos y festejos personales, tal como queda evidenciado en sus redes sociales. La diplomática, quien inició un periodo vacacional un día antes del incidente, ha utilizado sus plataformas para difundir imágenes de reuniones con actores políticos, académicos y sectores locales, además de celebraciones previas a su cumpleaños, sin emitir hasta el momento un posicionamiento formal sobre la crisis en Texas.
A esta postura se suman los cuestionamientos hacia el Senado de la República, específicamente dirigidos a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Ruth González Silva, quien el día 7 se encontraba de gira en el municipio de Santo Domingo, en la toma de protesta del Comité Municipal del PVEM, evento claramente partidista.
En los días posteriores al homicidio, la legisladora concentró su agenda pública en los festejos por el vigésimo aniversario de «la gallardía», en lugar de asumir un rol presencial o una conducción activa desde la comisión que encabeza para exigir cuentas al gobierno estadounidense. Su intervención en el caso se limitó estrictamente a un mensaje en redes sociales donde condenó lo sucedido, sin activar mecanismos parlamentarios adicionales.
Frente a la parálisis en el consulado de Houston y la comisión legislativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha asumido la representación jurídica del caso de manera centralizada. La cancillería mexicana anunció que interpondrá las denuncias conducentes ante las fiscalías estatales de la Unión Americana y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, buscando esclarecer los fallecimientos de connacionales en operativos de control migratorio.
