La eventual cancelación de la Alerta de Violencia de Género en San Luis Potosí, vigente desde 2017, podría enviar una señal equivocada y propiciar la normalización de la violencia contra las mujeres, advirtieron académicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Las especialistas señalaron que, aunque los indicadores oficiales puedan reflejar una disminución en ciertos delitos, ello no significa que erradicaron la violencia estructural. Subrayaron que persisten prácticas institucionales que derivan en subregistros y en la clasificación inadecuada de muertes violentas de mujeres, lo que distorsiona la dimensión real del problema.
La doctora Suhey Tristán Rodríguez explicó que no todas las muertes violentas de mujeres se investigan ni se tipifican como feminicidio, sino que en algunos casos se registran como homicidio doloso o culposo. Esta situación, dijo, genera una percepción de mejora que no necesariamente corresponde a la realidad. Añadió que el subregistro constituye un obstáculo para garantizar justicia y protección efectiva.
Recordó que la obligación de investigar con perspectiva de género está establecida en la Constitución y la respaldan criterios de la Suprema Corte desde la reforma de 2011. En ese sentido, puntualizó que el incumplimiento por parte de servidores públicos puede derivar en responsabilidades administrativas.
Por su parte, la doctora Violeta Mendezcarlo Silva consideró que retirar la alerta podría incrementar la percepción de inseguridad entre las mujeres y debilitar el compromiso institucional frente a la violencia feminicida. Indicó que la permanencia de este mecanismo implica reconocer que el problema persiste y que requiere atención sostenida.
Ambas académicas coincidieron en que la respuesta no debe limitarse al ámbito normativo. Señalaron la necesidad de fortalecer las políticas públicas con presupuesto suficiente y mecanismos integrales de prevención, incluyendo acciones específicas para proteger a niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia contra las mujeres. Advirtieron que sin recursos y aplicación efectiva, el marco legal resulta insuficiente para enfrentar el fenómeno.
