El Observatorio Indígena Mesoamericano acusó al Congreso del Estado de San Luis Potosí de incurrir en una omisión institucional al no garantizar consultas dirigidas a personas con discapacidad y a pueblos indígenas, bajo el argumento de falta de recursos.
La organización sostuvo que la intención del Congreso de plantear ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una reducción en los estándares operativos de la Ley de Consulta Indígena estatal, con el objetivo de disminuir costos, contraviene el marco constitucional vigente y debilita los mecanismos de participación de estos sectores.
Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del observatorio, señaló que el derecho a la consulta no puede condicionarse a la disponibilidad presupuestal, al tratarse de una obligación derivada de la Constitución. En ese sentido, advirtió que cualquier intento por ajustar los procedimientos bajo criterios de austeridad implicaría una medida regresiva frente al principio de progresividad de los derechos humanos.
Recordó que la reforma al artículo 2º constitucional, publicada en septiembre de 2024, reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que obliga a las autoridades a garantizar consultas previas, libres, informadas y culturalmente pertinentes.
Asimismo, mencionó que antecedentes como la acción de inconstitucionalidad 141/2022 evidencian incumplimientos en los estándares mínimos establecidos en la legislación local, particularmente en lo referente a los mecanismos de consulta.
El representante también cuestionó el argumento de insuficiencia de recursos, al señalar que el Congreso estatal contará con un presupuesto superior a los 326 millones de pesos para 2026, por lo que consideró que los costos estimados para la realización de consultas podrían estar sobredimensionados.
El posicionamiento del Observatorio coloca nuevamente en el debate el cumplimiento de las obligaciones institucionales en materia de derechos colectivos en San Luis Potosí, en un contexto donde la garantía de participación sigue siendo un punto de tensión entre autoridades y organizaciones civiles.
