El Gobierno federal entregó formalmente al Senado una iniciativa de reforma constitucional para aplazar la elección del Poder Judicial hasta el 4 de junio de 2028. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentaron el proyecto que modifica la fecha original de 2027. La propuesta responde a un diagnóstico oficial que advirtió una complejidad técnica excesiva debido al alto volumen de candidaturas y puestos en juego para una votación intermedia.
Para agilizar el proceso, el bloque mayoritario en el Congreso prevé aprobar la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones este 27 de mayo, buscando ratificar la reforma antes del 3 de junio. Posteriormente, el plan legislativo contempla asegurar el respaldo de al menos 17 congresos locales para promulgar la modificación en el Diario Oficial de la Federación. De consolidarse esta ruta, la jornada electoral judicial coincidiría en el año 2028 con la eventual consulta de revocación de mandato presidencial.
Más allá de modificar el calendario, la iniciativa rediseña el modelo de votación al reducir de tres a dos el número de candidaturas definitivas por cada cargo. Bajo este esquema, los comités de evaluación filtrarán cuatro perfiles basados en conocimientos, trayectoria y buena fama pública, definiendo los dos nombres finales mediante una insaculación. El nuevo sistema renovará cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistraturas de circuito, 385 juzgados de distrito y más de 3,200 plazas judiciales locales.
Finalmente, el proyecto ordena al INE segmentar el territorio en distritos judiciales específicos para que los ciudadanos elijan solo a un juez y un magistrado por especialidad. Las boletas electorales diferenciarán el origen de cada postulación, distinguiendo si provienen del Ejecutivo, Legislativo, Judicial o de juzgadores en funciones que busquen la reelección. Además, la reforma creará una comisión coordinadora tripartita para homologar los criterios de evaluación, prohibirá la intervención de partidos políticos en el proceso y obligará a los estados a replicar estas reglas de selección.
