La Primera Gran Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial del Estado, que preside la Lic. Ana Luisa Morales Lara, se manifiesta a las afueras del Supremo Tribunal de Justicia de SLP, para denunciar que llevan 28 días esperando una mesa de diálogo con el Órgano de Administración Judicial.
Aseguran que desde el 1 de octubre solicitaron por escrito una cita para plantear sus necesidades, violentando así su derecho de petición consagrado en el artículo 8.º constitucional, sin que hasta la fecha hayan obtenido respuesta.
El reclamo central es la regulación salarial inmediata. Denuncian que el Gobierno del Estado autorizó desde el pasado 10 de agosto un incremento del 3.5% directo al salario para trabajadores de Gobierno, pero tanto personal activo como jubilados siguen en la incertidumbre, con pensiones congeladas.
«El dinero público está asignado, pero la falta de voluntad política de las y los consejeros mantiene retenidos los derechos alimentarios de cientos de familias de jubilados», señalan.
Acusan que el Órgano de Administración implementa una estrategia de «silencio administrativo» para desgastarlos y postergar el compromiso formal.
«No estamos pidiendo una dádiva ni un favor: la homologación de nuestras pensiones móviles es un derecho constitucional e irrenunciable», recalcan.
Hacen un llamado enérgico a la consejera presidenta Mónica Lárraga Sáinz, a la consejera Berenice de la Rosa Reynoso y al consejero José Alfredo Salazar Hernández para que dejen de evadir su responsabilidad.
Exigen la regulación salarial en nómina del personal activo para que los jubilados puedan tener acceso al incremento autorizado en 2026, la modificación a los tabuladores en el Periódico Oficial derivado del 3.5% y el comunicado oficial ante Pensiones de Gobierno del Estado.
Advierten que no detendrán movilizaciones, plantones ni acciones legales hasta que el último centavo de sus incrementos y retroactivos sea pagado.
