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El Congreso de San Luis Potosí fiscalizará la efectividad de la CEDH ante rezago de quejas

El Congreso de San Luis Potosí revisará el desempeño de la CEDH tras detectar que el organismo solo ha emitido cuatro recomendaciones ante 500 quejas.

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Los diputados locales evaluarán el funcionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tras calificar como deficiente su productividad anual. El Poder Legislativo tomó esta determinación luego de que el organismo autónomo reportara que mantiene cerca de 500 expedientes en trámite y que, en contraste, solo ha emitido cuatro recomendaciones formalizadas en lo que va del periodo actual, una disparidad que encendió las alertas en el Congreso.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Marco Gama Basarte, anunció que una comitiva de legisladores realizará una inspección directa con la titular de la CEDH, Giovanna Argüelles Moreno. El objetivo del encuentro consiste en exigir un desglose detallado sobre las causas del estancamiento institucional y conocer los motivos específicos por los cuales la gran mayoría de las denuncias ciudadanas permanecen sin una resolución definitiva.

Los integrantes del Parlamento aclararon que la supervisión respetará la privacidad de las víctimas, por lo que únicamente solicitarán información clasificada sobre los avances generales y el estatus técnico de los casos. Con estos datos, la legislatura local planea analizar la estructura interna del organismo defensor y, de ser necesario, replantear los mecanismos legales vigentes para agilizar el procesamiento de las inconformidades depositadas por la ciudadanía.

El Congreso potosino enfatizó que la baja tasa de resoluciones afecta de forma directa a personas que sufrieron presuntas violaciones a sus garantías individuales, quienes merecen un acompañamiento oportuno. Los representantes populares concluyeron que la institución encargada de la protección humana debe incrementar su eficacia operativa, ya que la falta de seguimiento y el rezago de expedientes desprotegerían a los ciudadanos frente a los abusos de autoridad.

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