Las comunicadoras Eréndira Reyes y su hija, Alejandra Hermosillo, recuperaron su libertad tras permanecer recluidas en el Centro Estatal de Reinserción Social Número 1, conocido como “La Pila”, desde el pasado 21 de mayo de 2026. Sin embargo, el motivo y las condiciones de su excarcelación han generado versiones encontradas entre la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.
Por un lado, fuentes de la Fiscalía del Estado confirmaron que la liberación de las periodistas —quienes fueron detenidas por el presunto uso de Inteligencia Artificial en afectación a terceros— se dio mediante una salida alterna del sistema de justicia. Según la institución estatal, un Juez de Control avaló una suspensión condicional del proceso penal, lo que dejó sin efecto la prisión preventiva justificada. La Fiscalía potosina hizo hincapié en que ambas imputadas aceptaron su responsabilidad y manifestaron su voluntad de cumplir con diversas medidas restrictivas durante el periodo de un año para mantener su libertad, tales como la reparación del daño, mantener una residencia fija, firmar periódicamente y acreditar buena conducta.
En contraste con la narrativa de culpabilidad y acuerdo que sostiene la Fiscalía local, la Federación emitió una postura oficial que contradice dicha versión. A través del documento titulado TARJETA INFORMATIVA_Secretaría de Gobernación_060626, fechado el 6 de junio de 2026, la Secretaría de Gobernación abordó el caso de Eréndira «N» y Alejandra «N» desde una perspectiva de revisión jurídica y protección de derechos.
La dependencia federal detalló que intervino de manera directa a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De acuerdo con el documento, la liberación inmediata fue el resultado de una revisión de su situación jurídica ante el supuesto delito contra la identidad de las personas, sin hacer mención alguna a que las comunicadoras hubieran aceptado responsabilidad penal. La Secretaría de Gobernación enfatizó que su intervención responde a un compromiso institucional con la protección de la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el respeto al debido proceso.
Mientras las autoridades estatales de San Luis Potosí presentan el caso como un proceso cerrado mediante la aceptación del delito y la reparación del daño, las instancias federales encuadran el hecho como una intervención en defensa de los derechos humanos y la labor periodística, evidenciando una clara discrepancia en los criterios de justicia aplicados en el caso.
